La Procuraduría General requirió de manera urgente a los ministerios del Interior y Defensa un informe detallado sobre las acciones adoptadas, tras un enfrentamiento entre grupos armados ilegales ocurrido en agosto en Puerto Colombia, Guainía, que puso en grave riesgo a las comunidades indígenas de la zona fronteriza con Venezuela.
La actuación del órgano de control se originó por una denuncia presentada por la Red de Mujeres Indígenas de Guainía, en la que se alertó sobre la confrontación armada. Según el escrito radicado ante el Ministerio Público, el choque se produjo entre miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.
El enfrentamiento, de acuerdo con la denuncia, dejó un saldo de personas fallecidas y generó un alto nivel de inseguridad y zozobra entre las comunidades étnicas que se encuentran asentadas en las riberas del río Guainía.
Ante esta grave situación, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos solicitó a los jefes de ambas carteras un reporte completo que especifique las medidas de seguridad y prevención que se pusieron en marcha para salvaguardar a la población civil.
Asimismo, el Ministerio Público pidió conocer las acciones de coordinación interinstitucional que se instauraron para proteger de manera efectiva la vida, la integridad y los derechos fundamentales de las comunidades afectadas por estos hechos de violencia.
El órgano de control concluyó que es esencial implementar correctivos y acciones de protección de manera oportuna para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, quienes son sujetos de especial protección constitucional, especialmente cuando se encuentran en contextos de vulnerabilidad extrema y expuesta a las dinámicas del conflicto armado transfronterizo.
/Colprensa
