Comenzó la cuenta regresiva para que el gobierno de los Estados Unidos dé a conocer, el próximo lunes 15 de septiembre, si certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas.
En este contexto, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, se manifestó al The Washington Post, uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos, en defensa de los intereses de su país.
Bajo el nombre “Estados Unidos no puede permitirse el lujo de abandonar la lucha contra las drogas en Colombia”, el Embajador expuso una serie de hechos por la cual el país debe obtener la certificación.
García-Peña argumentó que Colombia asume el mayor costo humano con los ataques de organizaciones criminales que se nutren del narcotráfico contra la fuerza pública, al recordar los recientes casos en los 13 policías murieron en Amalfi y la activación de un coche bomba en Cali, ambos atribuidos a disidencias.
En su mensaje el diplomático no hizo un pedido expreso a los Estados Unidos, pero sí recordó la importancia de la cooperación con Colombia en operaciones conjuntas, apoyo aéreo, entrenamiento e intercambio de inteligencia que protege a comunidades en ambos países.
“Retener los fondos de cooperación perjudicaría a Colombia al debilitar su economía legal. Y perjudicaría a Estados Unidos al debilitar la interdicción marítima y aérea de drogas y obstaculizar los flujos de inteligencia. Beneficiaría solo a quienes se benefician de las economías ilícitas”, señaló el diplomático.
El embajador puso sobre la mesa cifras de la lucha antidrogas en Colombia, resaltando que se han incautado más de 500 toneladas de cocaína en seis meses, 2.486 laboratorios destruidos y 800 millones de dosis retiradas del mercado.
En este mensaje ad-portas de la decisión que debe tomar el presidente Donald Trump, García-Peña dejó claro que Colombia continuará su lucha contra los cárteles de la droga, pues es de interés nacional hacerlo. No obstante, advirtió que «sin la intervención de Estados Unidos, los costos aumentarán y los resultados serán insuficientes”.
Pese a los intentos del diplomático y el envío por parte de Presidencia a Washington del general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, y al almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, las mejores caras públicas para dialogar con autoridades estadounidenses, la situación parece no ser la mejor para el país
Las 270.000 hectáreas sembradas con hoja de coca parecen pesar mucho más en la balanza que las incautaciones y otros logros. La situación con estos cultivos ilícitos es tan compleja que el presidente, Gustavo Petro, recién abrió la puerta a una eventual fumigación con glifosato, un tema que parecía vetado para él y que su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le recordó está bajo llave y se necesitan abrir antes varias cerraduras antes de que la Corte Constitucional avale esa opción.
De ser descertificado el país, Washington cerraría el grifo de las ayudas de manera que podrían perderse hasta 450 millones de dólares girados por la Casa Blanca para este propósito y que le permiten a las autoridades enfrentar a una criminalidad millonaria que solo responde a sus propios intereses.
Desde el punto de vista político, los partidos de oposición aguardan que el barco de pesca de la administración de Trump regrese el lunes después de su faena para devorarse las mejores especies, un platillo que viene bien en épocas electorales, pero que solo sirve para aceitar los mecanismos de la división interna. Entre tanto, el Gobierno espera una definitiva, cualquiera sea la decisión sacará partido, ya sea como ganador por la certificación o como víctima, Se trata de otro tipo de banquete para exponer en las presidenciales de mayo de 2026.
Cada año el Departamento de Estado, con apoyo de agencias federales, evalúa el nivel de cooperación en la lucha antidrogas de los países productores de narcóticos y drogas. Para respaldar la labor anual de esas naciones, Washington emite una certificación plena, parcial o una descertificación que implica la reducción del 50% de la asistencia exterior norteamericana y la negativa de la Casa Blanca al otorgamiento de préstamos ante organismos internacionales, entre otras determinaciones.
/Colprensa
