Procuraduría exige coordinación para garantizar agua potable en el País

La Procuraduría General de la Nación informó este jueves que arrancó a hacer vigilancia preventiva al cumplimiento de las metas del Gobierno en materia de agua potable y saneamiento básico y lanzó un llamado urgente para que exista una articulación efectiva entre las entidades del orden nacional y territorial con el fin de asegurar que los recursos se ejecuten de manera transparente.

El seguimiento del Ministerio Público se enmarca en los objetivos trazados dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, buscando que las inversiones destinadas a los proyectos estratégicos del sector se traduzcan en beneficios reales y sostenibles para la población en los diferentes territorios del país.

La Procuraduría Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, encabezada por Alexander López Maya, a quien la Corte Constitucional recientemente restituyó su curul en el Senado, señaló que es fundamental superar los obstáculos detectados para acelerar la implementación de los planes.

Para el organismo de control, la coordinación interinstitucional es una pieza clave para que las millonarias inversiones que se contemplan en el PND se materialicen en un acceso efectivo a servicios de calidad para los ciudadanos.

En ese sentido, el funcionario explicó que la falta de articulación puede derivar en retrasos, sobrecostos y en una ejecución ineficiente de los recursos públicos, lo cual impacta directamente en la prestación del servicio a las comunidades que más lo necesitan.

Como parte de las acciones de vigilancia y control preventivo, la Procuraduría anunció que se establecerán mesas de trabajo específicas con las entidades involucradas, tanto del Gobierno Nacional como de los entes territoriales.

El objetivo de estos encuentros será definir rutas de acción claras y cronogramas concretos que permitan garantizar la ejecución efectiva de los proyectos que ya están en marcha y de los que están por iniciar.

Con esta estrategia, el Ministerio Público concluyó que se busca evitar posibles afectaciones futuras en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, garantizando el cumplimiento de los derechos de los colombianos.

/Colprensa

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