La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aprobó un plan para trasladar de manera escalonada a magistrados de la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) con el fin de agilizar la resolución de los expedientes de ex combatientes de las Farc, que no son considerados máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La medida busca reforzar el trabajo de la sala encargada de resolver la situación jurídica de aquellos comparecientes que, aunque participaron en hechos del conflicto, no tuvieron un rol decisivo ni de liderazgo en el diseño o ejecución de los planes criminales investigados por la JEP.
El objetivo es acelerar los trámites de renuncia a la persecución penal y otras definiciones jurídicas para brindar seguridad a quienes han cumplido con sus obligaciones ante el tribunal y garantizar los derechos de las víctimas.
La estrategia fue impulsada por la presidencia de la JEP y aprobada por su Órgano de Gobierno. Según la jurisdicción, el plan aprovecha el conocimiento y la experiencia que los magistrados de la SAI han adquirido sobre las dinámicas internas de las extintas Farc para contribuir a la descongestión de la SDSJ.
El traslado de los funcionarios judiciales no será inmediato, sino que se implementará por fases para garantizar una transición ordenada. La magistrada Alexandra Sandoval Mantilla y su equipo de trabajo se incorporarán a la SDSJ a partir del 15 de octubre de 2025, por un periodo de un año. Posteriormente, el magistrado Pedro Julio Mahecha Ávila hará lo propio desde el 1 de febrero de 2026, también por un año.
Estos magistrados se suman a la magistrada Diana María Vega Laguna, quien ya se encuentra apoyando a la SDSJ en virtud de acuerdos previos. Adicionalmente, los magistrados de la SAI Xiomara Balanta, Marcela Giraldo y Juan José Cantillo, quienes están en movilidad en la Sala de Reconocimiento, podrán coordinar labores con la SDSJ para adoptar decisiones que resuelvan la situación jurídica de ex integrantes de las Farc.
Para organizar el trabajo, se adelantará un diagnóstico de la carga procesal en los primeros 15 días para sustentar una propuesta de reparto de los casos. Sin embargo, los expedientes que ya fueron asignados a los magistrados de la SDSJ José Miller Hormiga y Claudia Rocío Saldaña no serán objeto de redistribución.
El acuerdo autoriza la creación de «subsalas duales» de decisión dentro de la Sala de Definición, que estarán integradas por magistrados de ambas salas. Estas tendrán la función específica de decidir sobre las solicitudes de renuncia a la persecución penal del universo de ex combatientes objeto de esta medida.
Para garantizar la coherencia en las decisiones, se estableció que los magistrados en movilidad deberán tener en cuenta la jurisprudencia ya desarrollada por la SDSJ y por la Sección de Apelación del tribunal, especialmente en lo relativo a la aplicación del régimen de condicionalidad.
La JEP explicó que esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia para optimizar sus procesos, que incluye otros acuerdos adoptados en 2025 para agilizar la instrucción de los macrocasos , implementar las sanciones propias y coordinar con el Gobierno Nacional la ejecución de sus sentencias.
/Colprensa
