La Corte Suprema de Justicia solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación contra 11 funcionarios del Gobierno, presuntamente vinculados al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tras recibir la declaración de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides.
La compulsa fue emitida desde el despacho del magistrado Misael Rodríguez, quien lidera la investigación contra cinco congresistas y un excongresista por cohecho.
Benavides compareció el 4 de agosto ante la Sala de Instrucción y detalló cómo, siendo asesora técnica del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, habría actuado como intermediaria entre funcionarios del Ejecutivo y congresistas para direccionar contratos de la UNGRD por $92.000 millones de pesos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
Tras su declaración, la Corte compulsó copias contra 11 altos funcionarios, lo que podría ampliar significativamente el número de involucrados en el entramado. Aunque los nombres aún no han sido revelados por el alto tribunal, la medida se suma a las diligencias que ya cursan contra legisladores como Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Karen Manrique, Wadith Manzur, Julián Peinado y el exrepresentante Juan Diego Muñoz.
La investigación busca establecer si estos funcionarios recibieron beneficios a cambio de aprobar conceptos de crédito público en el Congreso, alineados con intereses del Ejecutivo.
La lupa sobre Jaramillo, Lizcano y Ramírez se posa a raíz de su presunta participación en un «cónclave» a finales de 2023. Según declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y uno de los principales testigos del caso, en esa reunión, en la que también habrían participado otros altos funcionarios, se habrían dado las órdenes para cumplir con «acuerdos» con un número importante de congresistas.
Otros nombres que suenan
Exministro de Hacienda, Diego Guevara.
Exministro del Interior, Luis Fernando Velasco.
Exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.
Exasesora del Ministerio de Hacienda, Andrea Ramírez
Exdirector de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior, Kevin Fernando Henao.
Exasesora y secretaria del Ministerio de Hacienda, Alba Nury Martínez.
Exasesor de Presidencia, Jaime Ramírez Cobo.
NEGADO EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
Horas después de la declaración de Benavides, una jueza negó el principio de oportunidad que había solicitado Olmedo López, exdirector de la UNGRD, por considerar que la Fiscalía no sustentó de forma adecuada el acuerdo.
López, considerado una de las piezas clave en el escándalo, había ofrecido una matriz de colaboración, una multa de $700 millones de pesos y acciones de reparación simbólica en La Guajira, donde se desviaron recursos de emergencia. Sin embargo, la Fiscalía se negó a entregar la matriz argumentando que contenía información sensible, lo que llevó a la jueza a rechazar el trato.
Con esta decisión, la colaboración de López queda en suspenso y con ella la revelación del denominado “cónclave”, grupo conformado por ex funcionarios como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González; la la exconsejera presidencial Sandra Ortiz; los legisladores Iván Name y Andrés Calle, quienes habrían participado en el direccionamiento de contratos.
DECLARARÁ PINILLA ENLA CORTE
Por su parte, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, también deberá rendir declaración los días 13, 14 y 15 de agosto ante el magistrado Rodríguez, como parte del mismo expediente.
Pinilla, quien ya fue condenado por irregularidades en la compra de carrotanques con sobrecostos de más de $16.000 millones, fue sancionado con 20 años de inhabilidad y cumple su pena en una guarnición militar. Su testimonio se considera clave para esclarecer los mecanismos de corrupción y la posible participación de congresistas en el desvío de recursos.
Además, su abogado solicitó medidas de protección tras la revelación de un video en el que dos hombres intentan sobornarlo con $13.000 millones para que se retracte de sus señalamientos. La grabación, obtenida en una operación coordinada con la Fiscalía, forma parte del acervo probatorio del caso.
El caso ha salpicado a varios congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), quienes, según las evidencias recogidas por la Corte, habrían condicionado su voto favorable a operaciones de crédito público al otorgamiento de contratos de la UNGRD en sus regiones.
El patrón de votación y los contratos adjudicados en los últimos días del periodo legislativo de 2023 forman parte del análisis judicial que busca determinar la existencia de un esquema de cohecho sistemático en beneficio de intereses políticos y particulares.
La Corte evalúa nuevas pruebas y testimonios que podrían derivar en más compulsas de copias o imputaciones en las próximas semanas. Mientras tanto, la Fiscalía deberá analizar si abre investigaciones formales contra los 11 funcionarios mencionados en la más reciente decisión del alto tribunal.
