Desde luego, el título de esta columna no alude al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien aún cuenta con dos instancias judiciales para defender su inocencia en un proceso infame que ya suma más de una década. A propósito, el exministro Juan Lozano escribió en El Tiempo una advertencia premonitoria: “Señora juez, falle en derecho; su compromiso no es con un bando político”. Y remató: “Nada más oprobioso para cualquier juez en el mundo que condenar a un inocente”. Sin embargo, la ahora famosa juez Sandra Heredia estaba decidida a pasar a la historia. Y lo logró, sí, pero no precisamente por su rigor jurídico.
Mientras la controvertida togada acaparaba la atención del país durante más de diez horas con una lectura digna de novela negra -mil páginas escritas en diecisiete días, plagadas de juicios de valor subjetivos contra el Exmandatario y frases de portada como “el derecho no puede temblar frente al ruido…”-, al otro lado del escenario, el ministro de Hacienda de Petro afinaba lo que podría convertirse en la estocada final a la economía: el Presupuesto de la Nación para 2026.
El monto propuesto supera los $556,9 billones, el más alto de la historia. Comparado con el de 2022, representa un incremento de $110 billones. Y lo más inquietante: el 90 % de ese crecimiento corresponde a gastos de funcionamiento y de personal. Es decir, el 65,6 % del total. Una proporción descomunal que representará el 20 % del PIB en 2026. Agrandan el Estado, no para servir, sino para servirse.
Y no faltó la escena repetida: el proyecto llega desfinanciado en $26,3 billones. La solución del Gobierno no es reducir el gasto, ni combatir la corrupción, ni buscar la eficiencia. No. La respuesta es otra reforma tributaria. Según Petro, “los más ricos deben aumentar el tributo”, para financiar el despilfarro, la corrupción y la ineptitud, que han sido la marca indeleble de su mandato.
Si el Congreso actúa con responsabilidad, debe ajustar el monto del presupuesto a la realidad fiscal y rechazar de plano ese nuevo sablazo tributario. Posiblemente, al verse impedido de aumentar ingresos, el Gobierno sacrificará aún más la inversión, para tener caja con la cual derrochar recursos en pleno proceso electoral, que culminará –esperamos- con la elección de un verdadero presidente.
El manejo económico del actual régimen es un manual de lo que no se debe hacer: la ejecución presupuestal más baja de la historia; pérdida de la línea de crédito del FMI; violación de la regla fiscal; endeudamiento desbordado; degradación en la calificación de riesgo; y una burocracia inflada hasta lo grotesco. El Gobierno no solo se niega a reducir el gasto: lo engorda sin pudor.
El afán de Petro por exprimir o vaciar las finanzas públicas delata lo que ya es evidente: sabe que no podrá perpetuarse, y quiere arrasar con lo que quede. Está decidido a propinarle la estocada final a las finanzas públicas, aunque eso implique empobrecer aún más a la clase media y bloquear la institucionalidad. Y no se trata solo de improvisación: es revancha ideológica con caja menor.
Confiemos en que el Congreso -donde muchos buscan la reelección- impida este nuevo atentado fiscal. Que digan no al presupuesto inflado, no a la tributaria, no al delirio destructivo y no a la estocada final. Porque si no detienen la hemorragia, pronto no habrá ni nación que gobernar… ni bolsillo que saquear.
*Expresidente del Congreso
