En el marco del Operativo Nacional de Control a la Movilización y Comercialización de Productos Forestales Maderables y No Maderables, liderado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – Corpamag se unió a la jornada de inspección y vigilancia desarrollada recientemente en distintos puntos del departamento.
Las acciones, que contaron con el acompañamiento de la Policía Nacional, se llevaron a cabo en zonas estratégicas como la vía entre Pivijay y Salamina, específicamente a la altura del caño Schiller; la carretera entre Plato y Bosconia; los municipios de Aracataca y El Retén; así como el Distrito de Santa Marta, en sectores como Alcatraces, el corregimiento de Guachaca y sus veredas. En esta última área también participó el DADSA, como autoridad ambiental distrital.
El propósito del operativo fue fortalecer la articulación entre las autoridades competentes en el control de la movilización y comercialización de productos forestales, así como verificar el cumplimiento de la normativa vigente. De igual forma, se realizaron controles para prevenir el tráfico ilegal de flora silvestre a través de rutas terrestres, fluviales y marítimas del departamento.
Durante la jornada también se inspeccionaron depósitos y establecimientos de venta de madera, además de establecer puestos de control en los peajes de Tucurinca y El Retén.
“El ejercicio fue exitoso. Se evidenció un cumplimiento generalizado de la normatividad ambiental, sin registros de capturas ni decomisos, lo cual refleja un avance significativo en el desarrollo legal de estas actividades forestales en el Magdalena”, expresó Gustavo Pertuz Valdez, subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag.
Según la entidad, este tipo de acciones están enmarcadas en las estrategias de fortalecimiento de la gobernanza forestal, especialmente en zonas identificadas como vulnerables frente a la deforestación y comercialización ilegal de productos forestales. No obstante, se destacó el balance positivo de la jornada, que refleja una disminución de estas prácticas ilícitas y un aumento en el cumplimiento legal por parte de los actores del sector.
