La Procuraduría General de la Nación convocó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Agente Especial de Air-e a una mesa de trabajo el martes 6 de mayo con el fin de analizar la información pendiente sobre el proceso de intervención de esta empresa, que opera el servicio de energía eléctrica en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El órgano de control recordó que desde abril se solicitó un informe detallado sobre varios aspectos financieros, entre ellos las deudas derivadas de la opción tarifaria, obligaciones oficiales, subsidios, vínculos con acreedores y el cumplimiento de las decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Aunque la Superintendencia respondió el 8 de abril, la Procuraduría indicó que aún no se ha recibido la totalidad de la información solicitada, especialmente la relacionada con las funciones del Agente Especial designado para liderar el proceso de intervención.
La Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios advirtió que la falta de documentación completa afecta la labor de vigilancia preventiva. Según explicó, esta situación compromete la transparencia y la eficacia de las acciones implementadas en el marco de la intervención.
También reiteró la necesidad de contar con información precisa sobre las deudas de AIR-E antes y después de la intervención, los mecanismos ejecutados y proyectados para gestionar esas obligaciones, y la situación de los acreedores actuales.
La Procuraduría aseguró que mantiene su compromiso con la vigilancia efectiva del proceso y con la defensa de los derechos de los usuarios del servicio de energía, así como con la protección del patrimonio público.
/Colprensa
