En el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno, reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con la reparación integral de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado en Colombia.
Según expresó, el rediseño de políticas y programas sociales responde a la necesidad de ofrecer soluciones duraderas que permitan la reconstrucción definitiva de los proyectos de vida de la población víctima.
En el departamento del Magdalena, Prosperidad Social actualmente atiende a 165.945 víctimas de desplazamiento forzado mediante distintos programas de transferencias monetarias.
Además, 3.865 hogares reciben acompañamiento a través programa Familias en su Tierra, con una inversión superior a los 43.579 millones de pesos, orientado a la integración social, el acceso a alimentos para autoconsumo, el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y el impulso de proyectos productivos.
La gerente regional de la entidad, Liliana Escudero Mezquida, destacó que “Magdalena es uno de los departamentos que ha sufrido el flagelo del conflicto armado y desde el gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de Prosperidad Social, trabajamos en la atención y reparación de las víctimas, aportando a su estabilización social y económica”.
Además de Familias en su Tierra, Prosperidad Social opera otros programas en el departamento que reflejan el alcance de la política social del Gobierno Nacional.
A través de Colombia Mayor se atienden 18.740 personas mayores; con la Compensación del IVA a 45.918 personas; Renta Ciudadana beneficia a 96.712 hogares; y Renta Joven a 4.575 participantes.
El director Bolívar recordó que uno de los principales objetivos del gobierno es dejar atrás el modelo asistencialista y empoderar a las comunidades afectadas.
En este sentido, Prosperidad Social participa en la formulación del CONPES de Soluciones Duraderas, que busca garantizar derechos y transformar los proyectos de vida de la población víctima del desplazamiento forzado.
“Desde el año pasado, estamos trabajando muy de la mano con la Unidad para las Víctimas y el Departamento Nacional de Planeación en la construcción de este CONPES, en tres focos de intervención: articulación y coordinación interinstitucional; aplicación efectiva de los principios de concurrencia y complementariedad entre nación y territorios; y adecuación institucional y programática para prestar servicios sociales que fortalezcan capacidades y cohesionen el tejido social”, explicó Bolívar.
El CONPES tiene como propósito avanzar en la estabilización socioeconómica de las víctimas, mejorando la articulación institucional y brindando respuestas sostenibles a las múltiples vulnerabilidades derivadas del desplazamiento.
Según datos del DANE, en 2023 la incidencia de la pobreza monetaria entre la población víctima de desplazamiento forzado fue del 47,2 %, lo que representa una reducción de cuatro puntos porcentuales respecto a 2022, aunque aún se mantiene casi 14 puntos por encima del promedio nacional (33 %).
La pobreza extrema en este grupo alcanzó un 17,8 %, también muy por encima de la media nacional, evidenciando la persistente desigualdad que enfrenta esta población.
