La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia instó al Gobierno de Gustavo Petro a acelerar la implementación de una «política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales» como una medida clave para abordar la violencia estructural que afecta a la región del Catatumbo, en Norte de Santander.
La ONU, que no suele hacer este tipo de peticiones a los Estados, destacó que esta política es esencial para promover cambios estructurales y transformar los territorios históricamente afectados por la presencia de grupos armados no estatales.
La región del Catatumbo enfrenta una alarmante crisis humanitaria que ha dejado un saldo de al menos 60 personas asesinadas, más de 18.000 desplazados y 46.000 menores desescolarizados en la última semana, de acuerdo a datos suministrados hoy por ONU derechos humanos.
Los datos, verificados por Naciones Unidas, también evidencian el confinamiento de más de 1.000 personas, entre ellas miembros de comunidades indígenas Bari y Yukpa, así como la privación de la libertad de 30 personas y amenazas a líderes sociales que se han visto forzados a huir junto con sus familias hacia Ocaña y Cúcuta.
Municipios como Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Ábrego son los más afectados.
“Estos hechos que vienen sucediendo desde la semana anterior han causado diferentes violaciones entre las que se cuentan homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y confinamiento de la población. Por eso, la oficina llama al ELN y demás grupos armados no estatales a no violar el derecho internacional humanitario y a respetar los derechos humanos de la población”, expresó el representante encargado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juan Carlos Monge.
Entre las víctimas se encuentran los líderes sociales Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero, asesinados en medio de la violencia. Asimismo, 23 comunidades indígenas y otras de tradición campesina enfrentan una situación de vulnerabilidad.
La ONU reconoció las acciones del Estado colombiano para atender la emergencia, aunque pidió redoblar los esfuerzos para garantizar la protección de las comunidades afectadas y responder a las necesidades humanitarias.
“La oficina seguirá trabajando de la mano de las autoridades a nivel nacional, regional y local, así como de las organizaciones de la sociedad civil, líderes y personas que defienden los derechos humanos”, aseguró Monge, quien también expresó solidaridad con las víctimas y sus familias.
Finalmente, la Oficina reafirmó su compromiso con el monitoreo de la situación y su asistencia técnica al Estado y a las comunidades para fortalecer la respuesta institucional y promover el respeto a los derechos humanos en el Catatumbo.
/Colprensa
