La Defensoría del Pueblo, a través de su Regional Magdalena y la Delegada para la Salud y la Seguridad Social, intervino de manera efectiva en una protesta de cuidadores de personas con discapacidad en el Distrito de Santa Marta.
De acuerdo con la información oficial suministrada por la entidad estatal, los manifestantes, en su mayoría madres cuidadoras, locales y de otros municipios del Magdalena, denunciaban deficiencias en la prestación de servicios médicos.
Gracias a la gestión de la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena, se logró un acuerdo con las entidades involucradas para mejorar la atención a este grupo vulnerable.
Entre los acuerdos destaca la reapertura de servicios en el IPS Centro Esperanza, la búsqueda de especialistas y una nueva red de servicios en la ciudad, así como espacios de orientación para usuarios y familiares.
En la reunión participaron EPS Coosalud, representantes de la Secretaría de Salud de Santa Marta, Procuraduría General de la Nación y Personería de Santa Marta, además de una comisión de manifestantes.
Finalmente, se programó una nueva reunión para el próximo 20 de enero, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos acordados en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad.
Como se recordará el martes a primera hora horas unas 50 personas consideradas como madres cuidadoras, se tomaron la Avenida del Libertador con carrera 16 frente a la sede de la IPS Coosalud, donde protestaron por el incumplimiento de sus deberes.
Durante más de una hora, con pancartas y una cadena humana los manifestantes bloquearon esa vía de la ciudad, obligando a conductores que se desplazaban de oriente a occidente y de norte a sur buscar otras vías para la continuidad de su itinerario.
Los manifestantes solicitaban apertura de citas con especialistas, entrega de medicamento, transporte digno para cuando les corresponda trasladarse hasta otras ciudades y el cumplimiento de las sesiones de terapias.
