De acuerdo con la Asamblea, las cámaras de fotodetección han operado sin permisos durante meses
A principios de octubre, una comisión accidental de la Asamblea del Magdalena se trasladó a la vía Ciénaga-Barranquilla para comprobar la operación de cuatro cámaras de fotodetección que, según denunciaron, estarían funcionando de manera ilegal.
Pues bien, los diputados Martha García y Amed Zawady, han pedido a la Contraloría General del Departamento que asuma sus competencias de órgano de control fiscal investigando a fondo las presuntas irregularidades que se puedan estar presentando con la operación de estas cámaras de fotodetecciòn electrónica.
Y la solicitud la hacen en virtud a que la Unión Temporal de Seguridad Vial del Magdalena (Sevimag), opera sin las autorizaciones necesarias dichas cámaras por cuanto sus permisos caducaron el 23 de febrero de 2024, dijeron los diputados.
Esta situación ha generado un fuerte rechazo por parte de los diputados ante lo que consideran algo delicado que la Contraloría no puede pasar de agache
Las cámaras de fotodetección, tanto móviles como estáticas, llevan meses operando sin los permisos correspondientes, lo que ha llevado a los diputados a demandar de los órganos competentes una investigación.
´Estamos denunciando ante la Procuraduría esta irregularidad, lo mismo ante el Ministerio de Transporte y nuestros asesores legales contemplan un estudio jurídico para acudir a la Fiscalìa´, dijo la diputada Martha García, quien encabezó la denuncia, afirmó que todas las fotomultas emitidas desde el 23 de febrero son ilegales, en su opinión
La señora García hizo énfasis en la gravedad de la situación y señaló que están recogiendo centenares de quejas y firmas de conductores que han sido sancionados por un sistema que no cumple con los requisitos legales y que debe ser suspendido de inmediato.
Según los datos obtenidos por la diputada Martha García y demás miembros de la Comisión de la Asamblea, hasta la fecha se han impuesto aproximadamente 3.100 fotomultas en la vía Ciénaga-Barranquilla durante 2024, muchas de ellas por las cámaras que operan sin autorización.
Al llamado de los diputados García y Zawady se sumó el de la diputada Ángela Cedeño quien insistió en el llamado a la Contraloría Departamental para que se encargue de la investigación sobre las cámaras de fotodetección, destacando la necesidad de una intervención inmediata para evitar que estas prácticas ilegales continúen perjudicando a la población del Magdalena.
Por su parte, Rosa Jiménez, presidenta de la Asamblea Departamental, también expresó su inquietud sobre la situación y enfatizó que el Magdalena necesita claridad sobre la legalidad de las fotomultas impuestas. Jiménez instó a continuar con las consultas y a esperar una respuesta del Ministerio de Transporte, que hasta la fecha no se ha pronunciado sobre la legalidad de estos procedimientos.
“Mi invitación es a que sigamos trabajando en nuevas sesiones dentro de la comisión, para poder elaborar un informe final que aclare la situación y establezca si se están cumpliendo las normativas”, destacó la presidenta de la Asamblea.
El diputado Amed Zawady, por su parte, expresó su preocupación por el uso de las cámaras de fotodetección, que fueron instaladas inicialmente con el fin de mejorar la seguridad vial, pero que ahora se estarían utilizando como una fuente de recaudo económico.
Zawady criticó que las cámaras no cumplan su propósito principal de garantizar la seguridad de los conductores, sino que se empleen principalmente como un mecanismo de cobro para el gobierno. “Estas cámaras no deberían ser vistas como una herramienta de cobro, sino como un medio para garantizar la seguridad de los ciudadanos en la vía”, aseguró Zawady, instando a las autoridades a revisar el sistema.
