A principios de octubre, una comisión accidental de la Asamblea del Magdalena se trasladó a la vía Ciénaga-Barranquilla para investigar la operación de cuatro cámaras de fotodetección que, según informaron, estarían funcionando de manera ilegal.
Estas cámaras, bajo la supervisión de la Gobernación del Magdalena a través de la Unión Temporal de Seguridad Vial del Magdalena (Sevimag), operan sin las autorizaciones necesarias, ya que sus permisos caducaron el 23 de febrero de 2024. Esta situación ha generado un fuerte rechazo por parte de los diputados locales, quienes exigen respuestas del gobierno departamental ante lo que consideran un fraude a los conductores y un incumplimiento de la normativa legal.
Las cámaras de fotodetección, tanto móviles como estáticas, llevan meses operando sin la validez de los permisos correspondientes, lo que ha llevado a los diputados a interrogar al gobierno de Rafael Martínez sobre la falta de acciones para resolver este problema.
La diputada Martha García, quien encabezó la denuncia, afirmó que todas las fotomultas emitidas desde el 23 de febrero son ilegales, lo que afecta directamente a los magdalenenses.
“Están robándole a los magdalenenses”, dijo García, haciendo énfasis en la gravedad de la situación. La parlamentaria también señaló que los conductores están siendo sancionados por un sistema que no cumple con los requisitos legales y que debe ser detenido de inmediato.
Según los datos obtenidos por la comisión, hasta la fecha se han impuesto aproximadamente 3.100 fotomultas en la vía Ciénaga-Barranquilla durante 2024, muchas de ellas bajo la ilegalidad de las cámaras que operan sin autorización.
García también criticó la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Infraestructura del departamento, especialmente al preguntarse por qué no se ha detenido la operación de estas cámaras, que continúan recaudando dinero a pesar de su situación irregular.
«Aquí no está el supervisor, el Secretario de Infraestructura, diciéndonos por qué permitió que todavía estén cobrando con estos sistemas que están funcionando ilegalmente», cuestionó García, quien demandó una acción urgente por parte de las autoridades responsables.
Por su parte, la diputada Ángela Cedeño hizo un llamado a la Contraloría Departamental para que se encargue de revisar las irregularidades relacionadas con las cámaras de fotodetección, destacando la necesidad de una intervención inmediata para evitar que estas prácticas ilegales continúen perjudicando a la población del Magdalena.
“Es fundamental que los entes de control intervengan de manera urgente para garantizar que esta situación no se siga repitiendo”, afirmó Cedeño, quien mostró su preocupación por la falta de transparencia en el manejo de los recursos.
