Luego de conocerse la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación a la campaña del presidente Gustavo Petro en 2022 por la presunta violación de topes, el mandatario, en medio de una alocución, aseguró que este dictamen de la Sala Plena del órgano electoral rompe su fuero presidencial y reforzó su narrativa de un golpe de Estado.
Según informó el presidente del CNE, César Lorduy, tanto Petro, como el gerente de su campaña, Ricardo Roa (presidente de Ecopetrol), y otros miembros de la coalición Pacto Histórico, deberán responder por la vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales y fuentes prohibidas que no declararon.
En cifras del organismo electoral, la presunta vulneración al límite de gastos en la primera vuelta fue de 3.709.361.342 pesos (unos 878.000 dólares de hoy). Con relación a la segunda vuelta, la campaña presuntamente violó también “el límite por la suma de 1.646.386.773 pesos (unos 389.541 dólares de hoy)”.
En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el magistrado Lorduy, rechazó los declaraciones de Petro calificando de “politiqueros pagos” a los cinco magistrados que aprobaron la ponencia que desde mayo habían publicado los magistrados Benjamín Ortíz (Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático):
“El Consejo Nacional Electoral cumplió con lo que establece la Constitución, la ley y la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. Incluso la Ley 996 del año 2005 que establece las reglas para los efectos de una campaña presidencial, establece que respecto de una campaña presidencial hay una responsabilidad por parte del candidato, del tesorero del gerente y de los auditores y esa responsabilidad que señala la ley es la misma responsabilidad que se endilga en los pliegos de cargo cuando presuntamente allí se señala una serie de hechos que originaron una desviación de topes y una presunta financiación prohibida”.
