Los gremios de los sectores de energía y servicios que conforman Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, alertaron por la situación de la energía eléctrica y de gas natural en Colombia, ante las grandes deudas que presenta el gobierno por concepto de subsidios, que oscilan en un monto total de $7 billones, que podría incrementarse.
El gremio aseguró que es necesario que el gobierno tome medidas urgentes ante la posibilidad de una crisis sistémica, que termine afectando el suministro con interrupciones de estos servicios públicos o con incrementos de tarifas en algunos mercados.
Según el gremio, el Gobierno adeuda a las empresas de energía y gas natural cerca de $2 billones a corte del 30 de septiembre, y registra saldos de la Opción Tarifaria por cerca de $4 billones y a las deudas de usuarios oficiales; por lo que considera necesario ponerse al día con las comercializadoras, cuyos niveles de liquidez pueden afectar la prestación del servicio.
Las empresas de energía recomendaron asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante la intervención de la empresa Air-e, atender inmediatamente la problemática del déficit de energía eléctrica para garantizar el suministro a todos los usuarios del país, incrementar la generación térmica a su máxima capacidad y agilidad la construcción de proyectos.
Los gremios Acolgen y Andeg (de las empresas generadoras de energía), Asocodis (distribuidoras), Naturgas, SER Colombia (de energías renovables) y Andesco (de servicios públicos domiciliarios), djeron que la alerta en este sentido se debe a que este sector opera en cadena. Si cada eslabón está bien, el sector es saludable y funcional, pero si un sector está en problemas, afecta a todo el sistema.
En la financiación hay tres puntos de alerta: el primero, tal vez el más mencionado, la coyuntura de tarifas. Hoy, la deuda acumulada por oferta tarifaria es de 4 billones de pesos. Además, no se ha encontrado la salida para bajar el monto de los cobros en las zonas en que son más altas para los usuarios, como la Costa Caribe, pues la fórmula de cobro no la hacen las empresas, sino que surge de criterios y análisis técnicos de CREG, comisión que sigue desintegrada por falta de nombramientos o caída de los que se hacen.
El segundo punto es el retraso en el pago de los subsidios que le corresponden al gobierno, al parecer por dificultades de caja en el Ministerio de Hacienda, que suma dos billones de pesos adicionales. Aunque es previsible que, finalmente, el gobierno gire los dineros, la demora ocasiona que muchas empresas de menor tamaño, públicas o privadas estén quedando sin posibilidad de cumplir sus pagos por generación, distribución o transporte, lo que afecta, como lo dijimos antes, a toda la cadena.
Y el tercer punto de alerta es la situación de anormalidad que ha generado el propio gobierno con la intervención de AirE. Además de las críticas que ya hemos contado a raíz de esa decisión, la inconformidad en el sector ha crecido, a raíz de una resolución del Ministerio de Energía, expedida el pasado 30 de septiembre, es decir luego de que hubiera sido intervenida.
Lo que decidió el ministerio fue ampliar la posibilidad de eliminar la figura de limitación de suministro. Esta es un recurso técnico que impide el corte de los servicios de abastecimiento de energía a las empresas que estén en problemas. Antes eso solo se aplicaba para “mercados especiales”. Pero ahora, la resolución citada amplió esa posibilidad a las “empresas intervenidas”. Hoy solo hay una entidad intervenida: la polémica AirE.
