Los cargos fueron formulados contra la campaña Petro por la vulneración al límite de gastos de primera vuelta por $3.709.361.342 y en la segunda vuelta por $1.646.386.773.
La Sala Plena también abrió una investigación contra la tesorera Lucy Aydee Mogollón; los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica.
La ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz se aprobó con 7 votos a favor y 2 salvamentos de voto de las magistradas Alba Lucia Velásquez y Fabiola Márquez, afines al Pacto Histórico.
Adicionalmente, a la campaña se le endilga la presunta financiación prohibida, al haber recibido aportes de las siguientes personas jurídicas: Fecode, Ingenial Media S.A.S. y la Unión Sindical Obrera – USO.
En relación con la omisión de reportes de gastos durante la primera vuelta, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, habría omitido el reporte de un aporte por $500.000.000.
Por su parte, el Polo Democrático no habría reportado un préstamo por el mismo monto. Asimismo, se habla del no reporte de gastos por pagos a testigos electorales que sumaban $971.290.000.
Y en cuanto a la campaña del Pacto Histórico al Senado, se habría omitido el reporte de pagos que ascendían a $202.471.731. También se habla de gastos relacionados con el servicio de transporte aéreo por un valor de $1.249.793.230.
Finalmente, la Unión Sindical Obrera (USO) no habría reportado pagos por $121.044.000.
En lo que respecta a la segunda vuelta, el CNE destaca que se habría omitido el reporte de un gasto de $100.000.000 por concepto de un evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena. A esto se suma la falta de reporte de $177.680.000 correspondientes a pagos a testigos electorales, entre otros.
En respuesta, el mandatario se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) afirmando: “Ha comenzado el golpe de Estado”.
