¿Y para la educación qué sigue?

Extraordinario evento de la asociación nacional de empresarios ANDI, en el que celebraban 80 años de aporte al país. Destacable la cantidad récord de personas, pero en especial la profundidad de los temas debatidos en función del futuro de país. Triste y diciente que, por segunda vez consecutiva en estos 80 años de historia, el presidente de la República no haya asistido al cierre del evento para delinear lo que sigue de su gobierno. Quizás refleja tácitamente la importancia que le da el gobierno al sector productivo y que no es coherente ni con los llamados a construir acuerdos nacionales, ni al propósito de darle confianza al sector empresarial.

Afortunadamente vimos un escenario de debate donde brilló unidad y esperanza sobre el futuro, más allá de un presidente, y más bien soportado en los distintos territorios del país, en las altas cortes, en la academia y en las nuevas reflexiones del sector productivo. Los mensajes más importantes hablan de recuperar la seguridad, el control territorial y la convivencia, proteger nuestras instituciones, trabajar juntos por la equidad y prosperidad, una inquietud de fondo por el deterioro reciente de la salud y de la seguridad energética, la búsqueda de la integridad y preparar el futuro del país para las nuevas tecnologías.

En este marco hablamos sobre el futuro de la educación como pilar fundamental de estos caminos. Al respecto se anticipa un sistema educativo que debe renovar su liderazgo, asumir riesgos y enfrentar desafíos nunca antes vistos, con espíritu de continuidad (para preservar la identidad de la academia) y de apertura al cambio (para no caer en el riesgo de inviabilidad). Hoy la educación enfrenta los desafíos económicos de menores niveles de ahorro y con ello de menor financiación (pública y privada); los desafíos demográficos que para 2050 la población se concentrará entre los 35 y 50 años con menos jóvenes, menos matrículas y miles de instituciones educativas cerradas; y los desafíos tecnológicos de que en los próximos 20 años la sociedad cambiará más que en toda su historia.

Así las cosas, nos preparamos para un modelo de educativo que fortalezca su capacidad para que los jóvenes piensen críticamente, actúen éticamente, se hagan las preguntas que son y sean más empáticos. Modelos educativos más flexibles y personalizados que construyan estrategias de aprendizaje para toda la vida, más ciclos cortos y una fortalecida educación terciaria, y un sistema de ciencia y tecnología más imbricado a la innovación y el emprendimiento. Proyectos escolares que construyan proyectos de vida personales en donde se fortalezcan las competencias socio humanísticas y la formación ética y en valores. Y mucha más tecnología al servicio de estos propósitos, donde ella no sea el fin, sino un medio para aprender y finalmente maestros que sean más coreógrafos del aprendizaje que dueños de verdades. Un modelo que enfatiza en el derecho a educarse, pero también en los deberes de los actores del sistema.

La invitación a las instituciones es a que estemos prestos a reinventarnos, a reaprender, a aliarnos, a asumir riesgos, a enfrentar intereses y a tener mucho toque de audacia. ¡Es por el futuro de nuestros niños y del desarrollo social!

*Rector Universidad EIA

*Exministro de Estado

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El texto de la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional, que pretende recoger $12 billones, también propone ajustes en el impuesto al carbono, concebido para desincentivar el consumo de combustibles fósiles en el largo plazo. El artículo 21 de la propuesta fiscal plantea que el impuesto nacional al carbono tendrá una tarifa específica que considera el factor de emisión de gases de efecto invernadero para cada combustible determinado. “Esto estará expresado en unidad de peso (kilogramo de C02eq) por unidad energética (terajulios), de acuerdo con el volumen o peso del combustible. La tarifa corresponderá a 1,59 UVT por tonelada de carbono equivalente (C02eq)”, reseñó la norma tributaria. Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, remarcó que el incremento aplicaría para emisiones generadas por la quema de combustibles, como lo son la gasolina, el Acpm, combustible para avión, gas natural, entre otros. En un análisis, la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, Comce, aseguró que el nuevo impuesto supondría un alza de $425,29 por galón de gasolina y de $488,17 por galón de Acpm, lo que dejará incrementos de 2,5 y 2,6 veces, respectivamente. Este aumento se daría teniendo en cuenta el porcentaje de mezcla con alcohol y biodiésel actual (10%). “Esto generará un impacto negativo significativo sobre la demanda por combustibles en el país, que en el caso de la gasolina corriente completa más de un año consecutivo decreciendo, actualmente desde junio de 2023”, aseguró al respecto Juan David Bonilla, economista de la Coordinación de Regulación y Análisis del Sector de Comce-Soldicom. Con esta propuesta, el precio del galón promedio de la gasolina pasaría de $15.881 a $16.306; mientras que el diésel se incrementaría desde $9.711 hasta $10.199. No obstante, los incrementos podrían ser mayores, toda vez que en la norma tributaria se prevé que el nuevo impuesto aumente 1% por encima de la UVT, con lo cual podría alcanzar un precio de $951,17 para gasolina y $1.089,18 para el diésel. Esto representaría un incremento de 5,8 y 5,6 veces, respectivamente, según el centro.
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