Esta postura surgió tras la divulgación de informaciones sobre un presunto plan para atacar el Palacio de Justicia de Bogotá.
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial condenaron de manera contundente los actos que puedan poner en riesgo el funcionamiento de la justicia.
En respuesta a estas amenazas, los presidentes de las Altas Cortes coordinaron con las autoridades nuevos mecanismos para implementar medidas adicionales de protección en las instalaciones del Palacio de Justicia y para salvaguardar a todos los servidores judiciales que trabajan allí.
Las autoridades judiciales subrayaron la importancia de garantizar la seguridad en este entorno y han ofrecido toda la cooperación necesaria para que las investigaciones avanzan de manera rápida y efectiva.
Este esfuerzo busca esclarecer los hechos y preservar la independencia de la justicia, considerando el asunto como una cuestión de seguridad nacional.
Este enfoque rápido y decidido busca proteger la independencia judicial y el bienestar de los funcionarios, en un contexto que se considera de alta seguridad nacional./Colprensa
