Los 36 representantes del Consejo Territorial de Paz, compuesto por indígenas, campesinos, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, gremios productivos, delegados de economías populares, movimientos políticos y el gobierno distrital, han hecho un llamado urgente al gobierno nacional para aplicar las lecciones aprendidas en el proceso de paz en la Sierra.
Según el Consejo, la primera lección clave es que la desarticulación de estructuras armadas ilegales debe ir acompañada de un aumento inmediato y significativo en las capacidades de la fuerza pública, lo cual incluye mejorar las tareas de inteligencia, el equipamiento tecnológico y la investigación judicial. De no hacerlo, se corre el riesgo de que surjan nuevas estructuras armadas y rentas criminales.
En ese orden de ideas, la segunda destacada es la necesidad de que el Estado cumpla con su compromiso de transformar el territorio, lo cual implica no solo consolidar economías lícitas, principalmente en turismo y agricultura sostenible, sino también superar la vulnerabilidad de las 118,000 víctimas del conflicto armado.
Por otro lado, el Consejo también reconoce la presencia de conflictos urbanos en Santa Marta, como la insatisfacción con los servicios públicos, tensiones sobre el uso del espacio público y jóvenes en conflicto con la ley. Estos problemas requieren una promoción activa de una cultura de convivencia, tolerancia, reconciliación y paz, así como una mayor eficiencia y compromiso por parte de las instituciones con los ciudadanos.
Por tal razón, hacen un llamado a los partidos políticos y a los líderes sociales y empresariales a mantener sus agendas partidistas o particulares, pero a la vez, a priorizar la consolidación de la seguridad, la convivencia y la paz como un objetivo superior para el desarrollo y el bienestar de todos los habitantes de Santa Marta.
