Los efectos del Fenómeno del Niño, que van desde sequías e incendios hasta el incremento de las tarifas de energía, pueden ser mitigados en el futuro inmediato con una estrategia que el Gobierno Nacional ya puso en marcha y está en cabeza del Ministerio de Minas y Energía.
Se trata de las Comunidades Energéticas. Grupos de personas naturales y/o jurídicas que se asocian para generar, comercializar y hacer uso eficiente de la energía a través de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), es decir, aquellas que tienen un impacto ambiental mucho más reducido, como las energías eólica, geométrica y solar.
La Constitución Política en su artículo 365 y la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142 de 1994) habilitan a las comunidades organizadas para que sean prestadoras de servicios públicos.
Sin embargo, esta iniciativa o modelo, que existe desde el Siglo XX en Europa y principalmente en Alemania, país que ha avanzado de manera significativa en la transición energética, es nuevo en Colombia.
Y fue este gobierno el que las reglamentó, con el artículo 235 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023) que le da vida a la figura jurídica de Comunidades Energéticas y con el Decreto 2236 de 2023, que creó dos nuevas figuras: el autogenerador colectivo (AGC) y el generador distribuido colectivo (GDC).
El Decreto 2236 de 2023 establece, además, que las comunidades organizadas sean prestadoras de servicios públicos y más concretamente de energía, a través de un contrato o convenio asociativo.
Esta es una gran noticia, pues contribuiría a bajar las tarifas de energía, especialmente en la costa Caribe, donde los altos costos golpean los bolsillos de las familias, y el país sería menos dependiente de los recursos fósiles y de las fuentes convencionales para la generación de energía.
Pero estas no son las únicas bondades que tienen las Comunidades Energéticas, también traerá grandes beneficios en materia de pobreza energética y pobreza multidimensional.
Por un lado, mejorará la cobertura del servicio de energía y garantizará el acceso de poblaciones vulnerables, y por el otro, permitirá que quienes hagan parte de esta iniciativa sean auto generadores de su energía y puedan comercializar sus excedentes para la creación de otras actividades productivas.
El proceso marcha sobre ruedas y dentro de poco será una realidad. El Ministerio de Minas y Energía, junto a otras carteras y entidades del Estado, evalúa los criterios de focalización regional y poblacional de las 18 mil comunidades que se postuluaron, para establecer un orden y comenzar con la implementación de este ambicioso proyecto.
Además, trabaja en la consecución de los recursos, con presupuestos públicos del orden nacional y cooperación internacional, entre otros, para el despliegue del proyecto a lo largo y ancho del territorio nacional. La meta del Gobierno es llegar a las 20.000 comunidades energéticas en 2026.
