Con el propósito de exigir garantías a la estabilidad laboral y el derecho legal al trabajo decente, las madres cabeza de hogar y demás trabajadores al servicio de los contratistas o administradores de las instituciones, jardines u Hogares Infantiles adscritos al ICBF realizaron ayer un plantón en la sede de esa institución.
La concentración se cumplió en horas de la mañana de este viernes en las afueras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y contó con la presencia del presidente nacional de la Confederación General del Trabajo (CGT), Percy Oyola Palomá, quien aprovechó para pedir una intervención del gobierno nacional a través del Ministerio del Trabajo.
Directivos de Sintrahogares explicaron que el plantón pacífico tiene el objetivo de exigir el derecho al trabajo digno y decente para muchas mujeres cabeza de familia que le prestan sus servicios al ICBF.
“Rechazamos la operación que se realiza a través de la intermediación ya que han se han hecho los de oídos sordos para garantizar el trabajo como lo dice la Constitución y las leyes colombianas. En la Carta Magna se señala que el trabajo debe ser en condiciones dignas y justas, por otro lado, la OIT en Colombia nos ha dado un mandato para un trabajo decente y ese trabajo decente es con derechos”, indicó Oyola.
Fue categórico al señalar que el ICBF debe asumir, como ente gubernamental y de carácter nacional, unas políticas con reformas laborales acordes y alineadas al contexto mundial.
“Esperamos dialogar con los directores regionales del ICBF aunque lamentablemente no se ha brindado esa oportunidad a los directivos de Sintrahogares, por eso estamos dispuestos a llevar esta situación a nivel nacional a través de la CGT y de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servidores Públicos de Colombia (Utradec) por eso estamos aquí para expresar nuestra total solidaridad con estos compañeros y compañeras que están exigiendo un trabajo decente”, enfatizó.
Durante el plantón se escucharon pitos y gritos de rechazo en contra de la fundación Orima con la cual el ICBF contrata sus servicios, los cuales aparentemente son sociales, pero lo que no se comprende es por qué existe una persecución a las personas sindicalizadas.
“Este tipo de fundaciones no tienen razón de ser ya que están impidiendo a que las personas se asocien en sindicatos y persiguen a sus dirigentes al no darles empleo bajo el sistema de ‘lista negra’ simplemente porque realizan un activismo sindical. Este tipo de operadores no tiene lógica en un gobierno que es popular”, aseveró Oyola.
Vale mencionar que cerca de 1.500 infantes dependen de los trabajos que realizan las madres cabeza de familia y demás trabajadores al servicio de los contratistas o administradores de las instituciones, jardines u Hogares Infantiles adscritos al ICBF.
