Miembros de la Comisión Segunda de la Corporación ´descubrieron´ lo que llamaron ´micos´ en la iniciativa del gasto de la administración de la ciudad.
Argumentando presuntos ‘micos’ en el articulado del Proyecto de Acuerdo 012, el ponente pidió el archivo de este documento en la Comisión Segunda. En la corporación se presentaron serios encontrones y se anuncia una investigación por parte de los entes de control por esta decisión.
Después de varios desacuerdos entre concejales, la Comisión Segunda permanente hundió el Proyecto de Acuerdo 012, por medio del cual se estipulaba el presupuesto de ingresos, gastos e inversión para el 2023.
Por segunda vez el cabildante del Partido ASI, Pedro Gómez Añez, presentó ponencia negativa al articulado radicado por la administración, argumentando que desde la concepción misma del presupuesto se configuró una animadversión por parte del gobierno distrital.
Gómez señaló que la cifra de $1 billón 082 mil 198 millones 628 mil 673 pesos no había sido discriminada adecuadamente. Según, no fueron asignados en las unidades ejecutoras los proyectos que se pretendían desarrollar con las cantidades requeridas.
“Teniendo en cuenta lo expresado, se colige que los objetivos más importantes del presupuesto no se están cumpliendo, los cuales son: cumplir con el plan de desarrollo, combatir la pobreza y satisfacer las necesidades básicas de la población. Por una parte, es evidente la escasez de recursos en los rubros de fortalecimiento social, y la no ejecución de recursos; otras direccionadas igualmente a la atención de población vulnerable, además, sobre ejecución de otras que no impactan positivamente la problemática”, justificó el concejal.
Por otro lado, y lo que significó el motivo del engavetamiento del proyecto es el contenido del acta número 14 del Consejo de Gobierno del día 24 de septiembre, donde presuntamente los 23 miembros del gabinete colegiados con la alcaldesa Virna Johnson, acordaron presentar un modelo de presupuesto donde sin pasar por manos y control del Concejo, se podían realizar traslados de partidas, algo así como un “cheque en blanco” en cada entidad.
“En este presupuesto 2023, cambiamos unidades ejecutoras a secciones presupuestales, ya que así lo establece la norma, como pueden ver en funcionamiento central de la administración. ¿Porque lo presentamos en esta forma? Para poder nosotros hacer créditos y contra créditos sin necesidad de ir al Concejo a que ellos nos autoricen cada movimiento que hacemos.
Esto nos permitiría a nosotros pasar recursos de un proyecto que no se ejecutó en su totalidad a otro proyecto sin necesidad que deba presentarse al Concejo para su autorización, sino a través de decreto distrital”, reza la página ocho del documento en cuestión, citando a Edson Manjarrés, secretario de Hacienda.
Por este texto y sin desconocer otros factores, Gómez Añez se mantiene en que desde el inicio ya “había una concepción ilegal de este presupuesto, a mi juicio se pretendía tener unas facultades a través métodos mañosos. Esto es algo histórico a nivel nacional porque ofenden los principios de legalidad y transparencia, generando una legítima desconfianza en torno al manejo de los recursos con intenciones oscuras, contrarias a la ley. Una manera de hacerle un esguince a la corporación”.
¿MANEJO DE DINERO PARA UN AÑO ELECTORAL?
Esta situación esbozada por el concejal ponente fue alargada hasta las probables hipótesis del porqué de dicha “mala intención”. Algunos de los asistentes al debate, que calentó la mañana del sábado, fueron más allá y advirtieron que no amarrar rubros, cantidades de dinero y proyectos específicos, era abrirle la puerta a una utilización inadecuada de los recursos.
“Con esa acta del Consejo de Gobierno buscaban usurpar nuestras funciones, demostrando que los recursos van a ser mal utilizado. Hemos demostrado que los recursos para las poblaciones vulnerables y sectores, como cultura, quedan sin ejecutar, por eso pregunto ¿Más dinero para qué? ¿Para hacer programas en las calles vestidos de naranja? ¿Será por el año que se avecina que requiere un mayor gasto?”, aseguró la concejal Marta García Rivera.
En este sentido, José Mozo Blanco acotó que hay una presunta destinación inadecuada en el fisco. “Si vemos el presupuesto nos damos cuenta que hay unas partidas importantes para gastos de funcionamiento, es decir, rubros grandes para ordenes de prestación de servicio, personas que son contratadas sin ninguna clase de función y que son dineros que pueden ser direccionados a otros temas”.
“Este documento está lleno de inconsistencia porque hay rubros que no aparecen en el presupuesto. Esa junta de Gobierno se hizo para sacar del medio el control político, organizan el cambio de nombres de los ítems contables, una intención poco sana, creando una desconfianza hacia la alcaldesa y su gabinete, que se reunieron para engañar deliberadamente a la comunidad´, expresó el concejal Juan Ruiz.
LOS DINEROS DEL MERCADO Y DEL TEATRO SANTA MARTA
En el marco de la discusión del fallido presupuesto, fue reiterativo el cuestionamiento de los concejales Pedro Gómez y Marta García, sobre el destino final de los recursos recaudados en el Mercado Público y el Teatro Santa Marta, inmuebles propiedad de la administración distrital. Sobre el primero, la Secretaría de Desarrollo Económico había emitido su concepto, alegando que este era un bien de ‘propiedad horizontal’ regido por la Ley 675 de 2001.
“De allí que las cuotas de expensas comunes que pagan los usufructuarios de dichos espacios, no constituyen tributos, pues no son impuestos, ni tasas, ni sobretasas, ni contribuciones parafiscales”, dice la misiva; ampliando su ilustración enfatizando que la administración de la ciudad no dispone de recursos para estos espacios; certificando, también que el 100% de los dineros vienen siendo destinados a “la manutención de la copropiedad… Razón por la cual no hacen parte del presupuesto de ingresos y gastos de la alcaldía distrital”.
Pero dicha explicación no convenció jurídicamente a la Comisión Segunda que ratifica que el Mercado y el teatro, no se deben salir del resorte presupuestal porque según, la ‘propiedad horizontal’ no aplica para bienes donde el propietario es el Estado.
SE HUNDIERON LAS INVERSIONES SOCIALES
Efraín Vargas Corvacho, Miguelina Pacheco, Enrique González, Álvaro Linero y Juan Carlos Palacio (estos tres últimos no pertenecen al Comisión que estudiaba el caso fiscal) abogaron hasta el último momento para que no se desechara un presupuesto histórico que sobrepasaba el billón de pesos. Los políticos propusieron que se miraran alternativas de salvar de los 52 artículos, aquellos que no presentaban objeción, dado que, hundir todo el contenido del Proyecto de Acuerdo 012 era una ofensa a las comunidades que han venido reclamando mayor inversión.
“No justifiquemos en uno o dos artículos el archivo de este presupuesto. No estamos perjudicando a la alcaldesa sino a las comunidades que aquí escuchamos y con las que nos comprometimos a revisar sus presupuestos y aumentar su base para ejecutar sus programas. Los animalistas, las mujeres, la cultura, el deporte, y todos los sectores sociales y económicos necesitan de este presupuesto”, acuñó Vargas.
Por otro lado, Pacheco de León, esbozó cuánto dejaba de percibir el turismo, la educación, la salud, las localidades, por ejemplo, cuyos aumentos eran del 46.4%, 23.3%, 16.3% y 16.2%, respectivamente en comparación al 2022. La líder política ventiló unas anomalías que se colaron en el informe de ponencia de su compañero Pedro Gómez. “En el texto del artículo dos se incluyó un cuadro que no tenía nada que ver con los gastos e inversión”, sintetizó.
PALACIO CUESTIONA
Y la cereza del pastel la puso el presidente del cabildo Juan Carlos Palacio quien anunció que la no aprobación del acuerdo en primer debate, derivaba de una actuación ‘negligente’ de los concejales. En una actitud contraria a las asumidas en otras oportunidades, Palacio dijo, con cierta sorna, que por qué le parecía temerario y desconfiado a la Comisión aprobar el arca fiscal para 2023 y no lo fue el darle vía libre a la alcaldía para un empréstito por $80 mil millones.
“Esto no tiene justificación, y es mentira que no se vaya a dar un control político, el Concejo fue negligente en negarle el presupuesto y no podemos exigirle a la alcaldesa que cumpla con el plan de desarrollo”, afirmó Palacio Salas.
¿QUÉ SIGUE AHORA?
Ante el naufragio del proyecto, para la vigencia entrante la alcaldesa Virna Johnson Salcedo deberá adoptar por decreto el mismo presupuesto que se utilizó en 2022, con la posibilidad de solicitar la adición de dineros que no se ejecuten este año y otros que se sumen al erario distrital por concepto de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICDL), lo cual podrá ser en marzo del 2023 cuando el Concejo retome el ciclo de sesiones ordinarias o antes sólo sí se solicitan plenarias extraordinarias.
Lo que puede sonar paradójico y utilizando un poco la metáfora, en este caso tuvo toda la aplicabilidad: un médico le dio muerte al billonario proyecto… La concejal Ingrid Gómez anunció que el acta del día de ayer será remitida a la Procuraduría y a la Contraloría para que sea analizada en el contexto de la votación que terminó hundiendo el presupuesto.
