Los municipios de Rovira, San Antonio y Roncesvalles, en el departamento del Tolima, se encuentran en riesgo ante la expansión y consolidación de tres grupos disidentes distintos que operan en la zona.
Se trata, en primer lugar, del Frente Joaquín González, adscrito a las disidencias bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’. Opera en Rovira y tiene intenciones de expansión hacia San Antonio y Roncesvalles.
A pocos kilómetros se encuentra el Frente Gerónimo Galeano del Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias al mando de Iván Mordisco, que opera en San Antonio con avance hacia Roncesvalles; y el Frente 57 Yair Bermúdez, que es independiente, y opera en Roncesvalles.
Al estar tan cerca, los tres se disputan seis corredores rurales de alta importancia geoestratégica sobre la cordillera Central, para el repliegue estratégico, el tránsito de tropas y el control de economías rurales, como la extorsión sistemática a productores cafeteros y ganaderos, así como al comercio local y a las empresas de transporte público intermunicipal.
Además, imponen en los tres municipios afectados sus reglas: la imposición obligatoria de carnés de identificación comunitaria en veredas de Rovira y Roncesvalles, retenes informales de control poblacional, cobro de cuotas extorsivas bajo la figura de “aportes voluntarios”, regulación de horarios de movilidad y citaciones obligatorias a integrantes de juntas de acción comunal (JAC).
Asimismo, se han registrado graves actos de intimidación, como la incineración de vehículos de transporte público e instalación de artefactos explosivos improvisados en caminos veredales.
Ante lo que está ocurriendo, la Defensoría entregó 19 recomendaciones estratégicas dirigidas a las autoridades nacionales, departamentales y municipales.
Las recomendaciones se agrupan en siete ejes prioritarios: disuasión del contexto de amenaza; asistencia e inspección humanitaria; prevención urgente y protección a liderazgos y a niñas, niños y adolescentes; investigación y judicialización efectiva; mitigación social e inversión en infraestructura rural; fortalecimiento de gobiernos propios y comunitarios, y seguimiento preventivo del Ministerio Público.
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