JEP imputa a diez generales (r) por expansión de ‘falsos positivos’

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó a diez generales retirados del Ejército como máximos responsables por su contribución a la expansión de los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate entre 2005 y 2008.

Entre ellos están los generales (r) del Ejército Mario Montoya Uribe y Óscar Enrique González Peña, así como el Mayor General (r) Luis Roberto Pico Hernández., cuyos procesos fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) para iniciar juicio adversarial, luego de que manifestaran “de manera expresa y reiterada que no reconocerían responsabilidad por los hechos y conductas que les fueron atribuidos por la JEP”.

Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da cierre a la investigación sobre la responsabilidad de los altos mandos militares en el Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

De acuerdo con la investigación, la JEP estableció que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, fueron asesinadas 2.702 personas en 1.625 hechos. Además, identificó a 44 sobrevivientes. De ese total, 2.077 víctimas mortales y 34 sobrevivientes corresponden al periodo entre 2005 y 2008.

Una política de resultados basada en bajas

La investigación de la JEP concluyó que entre 2005 y 2008 distintas prácticas criminales confluyeron en “un patrón de alcance nacional”, bajo el propósito de presentar asesinatos de civiles como resultados legítimos de operaciones militares.

La Sala identificó tres factores que favorecieron dicha expansión criminal, a partir de las presiones de los mandos para aumentar las bajas en combate, los incentivos y reconocimientos asociados a esos resultados y las actuaciones institucionales que permitieron ocultar los asesinatos y darles apariencia de legalidad.

En ese contexto, la JEP encontró que las exigencias por resultados se transmitían mediante reuniones de comandantes, programas radiales y mecanismos de evaluación.

Quienes no alcanzaban las metas “podían enfrentar cuestionamientos sobre su desempeño e incluso eventuales relevos de mando”. En contraste, quienes reportaban las bajas esperadas podían obtener felicitaciones, permisos y condecoraciones. El auto señala que a las tropas se les pedían “litros de sangre”.

La Sala también identificó como modalidades de ejecución el asesinato de personas señaladas como integrantes o colaboradoras de grupos armados ilegales; la captación de víctimas mediante engaños y falsas ofertas de trabajo; el homicidio de personas heridas, rendidas o fuera de combate; y el aprovechamiento del control territorial de las unidades militares para retener y asesinar civiles.

Los siete oficiales retirados llamados a reconocer responsabilidad por su contribución a la expansión de estos crímenes desde sus distintos cargos de mando son el general Luis Felipe Paredes Cadena; los mayores generales Carlos Orlando Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz, Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñónez Quiróz; y el brigadier general José Joaquín Cortés Franco.

“La Sala analizó el papel que habría desempeñado cada uno de los comparecientes en el fenómeno criminal, teniendo en cuenta las funciones que ejercía, las actuaciones que se le atribuyen y su relación con los hechos investigados. A partir de este análisis, los llamó a reconocer responsabilidad como máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los asesinatos y las desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate. La sala consideró que, desde sus respectivos cargos y mediante el uso de sus funciones, habrían contribuido a que estas prácticas criminales se extendieran y consolidaran en distintas regiones del país”, señaló textualmente el fallo.

Mario Montoya, Óscar González y Carlos Quiroga

En el caso puntual del general retirado Mario Montoya, quien estuvo al frente de la Primera División, el Comando Conjunto Caribe No. 1 y la Comandancia del Ejército entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, la Sala encontró bases suficientes para considerarlo máximo responsable por su contribución a la consolidación de una “política de facto que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional”.

Según la investigación, Montoya “promovió mecanismos de presión, seguimiento y competencia entre unidades, mediante programas radiales, metas cuantitativas, clasificaciones o “rankings” y sistemas de incentivos que privilegiaban el reporte de muertos en combate sobre otros resultados operacionales”.

La JEP también estableció que habría conocido tempranamente denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales y que, pese a ello, mantuvo las presiones asociadas al aumento de bajas. Además, examinó su contribución a mecanismos que habrían permitido encubrir las irregularidades y “dar apariencia de legalidad” a los crímenes.

Montoya sostuvo ante la jurisdicción que nunca promovió conductas ilícitas, que fue engañado por sus subordinados y que impartió directrices para proteger los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Sin embargo, la Sala consideró que los elementos reunidos permiten atribuirle una contribución a la expansión y el sostenimiento de estas prácticas en distintas regiones del país.

La decisión también señala al general retirado Óscar Enrique González Peña, quien comandó el Comando Conjunto Caribe No. 1. La Sala encontró que habría presionado a las unidades bajo su mando para incrementar el número de muertos reportados en combate y promovido “incentivos efectivos” para cumplir esas exigencias.

Por su parte, el mayor general retirado Carlos Orlando Quiroga Ferreira fue señalado por su actuación como inspector general del Ejército. Según la Sala, conoció irregularidades en procesos disciplinarios relacionados con denuncias de ejecuciones extrajudiciales, pero no adoptó medidas correctivas suficientes para impedir que continuaran.

La investigación encontró que sus actuaciones se limitaron, en varios casos, a trasladar las denuncias y solicitar información, sin hacer seguimiento efectivo a las respuestas, “aun teniendo las facultades para ello”.

/colprensa

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