La polémica por el escudo nacional antidrones sigue creciendo. El exministro de Defensa Pedro Sánchez salió al paso de los señalamientos del actual jefe de esa cartera, el general (r) Jorge Enrique Mora, y aseguró que es falso que el Gobierno de Gustavo Petro hubiera bloqueado la compra de estos equipos para proteger a los soldados y policías de los ataques con drones.
La controversia surgió luego de que el ministro Mora denunciara, durante un debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que se había bloqueado la compra directa de sistemas antidrones para alimentar el escudo nacional.
«Bloqueó la compra directa de los sistemas antidrones para poder alimentar el escudo antidron que jamás se concretó. Es decir, las unidades no podían comprar inhibidores, porque duraron todo ese tiempo que ellos iban a comprar y el gran presupuesto del escudo antidrones, en ese tiempo los grupos armados se fortalecieron en tecnología y en adquisición», aseguró el ministro de Defensa.
Frente a estas declaraciones, el exministro Pedro Sánchez sostuvo que «la adquisición de capacidades antidrones nunca se detuvo», pues venía de años anteriores y continuó durante su administración.
Lo que hizo el Ministerio de Defensa, según explicó, mediante una circular del 31 de marzo de 2026, fue centralizar el proceso para adquirir un sistema de defensa integral contra drones.
«Esta decisión respondía, además, al principio de planeación de la contratación estatal, pues contribuía a evitar compras aisladas y desarticuladas, y a obtener mejores precios con economías de escala», menciona en el trino.
El exjefe de cartera explicó que las soluciones tecnológicas fueron evaluadas por comités estructuradores, liderados por un brigadier general del Ejército e integrados por militares y policías activos.
Estos equipos fueron probados en siete países y también en Colombia, pero ninguna de las alternativas cumplió con los requisitos técnicos establecidos para responder a las necesidades operacionales de la tropa.
Por esa razón, aseguró que no se había firmado ningún contrato ni se habían asignado al Ministerio de Defensa los 800.000 millones de pesos destinados a la primera fase del proyecto, una responsabilidad que, según indicó, quedó en manos de la nueva administración.
«No firmar un contrato por equipos que no responden a las necesidades operacionales de la tropa no es bloquear una compra. Adquirir equipos que no cumplen esos requerimientos es poner en riesgo a nuestros hombres y mujeres», argumentó el exministro de Defensa.
Además, aseguró que, mientras avanzaba el proyecto, llegaron otros equipos antidrones que habían sido adquiridos con anterioridad y la Fuerza Pública continuó desarrollando capacidades propias. También se fortalecieron las tácticas, técnicas y procedimientos para enfrentar esta amenaza, que permitió inhibir la gran mayoría de los intentos de ataque, como lo reflejan los registros del primer semestre de 2026.
Otro de los puntos que puso sobre la mesa tiene que ver con la continuidad del escudo nacional antidrones, un proyecto valorado en más de 6,2 billones de pesos. Aseguró que, aunque el Gobierno entrante suspendió el empalme, la ruta para continuar con su desarrollo quedó consignada por escrito en el informe de empalme, el informe de gestión y el acta de entrega.
«Allí quedó definido el siguiente paso: gestionar los recursos con base en los resultados del estudio de vigilancia tecnológica realizado por los comités estructuradores, para ejecutar la primera fase a más tardar el 31 de diciembre de 2026. Radicamos por segunda vez en el Congreso el proyecto de ley de drones y antidrones. Hasta hoy no se conoce públicamente ningún avance en esa iniciativa», agregó.
Finalmente, advirtió que la amenaza de estos dispositivos no admite improvisaciones ni imprecisiones y que requiere planeación rigurosa, información precisa y continuidad.
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