Más allá de disfraces y aplausos

Algo que juega un papel trascendental en la democracia es la opinión pública, fundada en la libertad, en la información y en el conocimiento de la colectividad acerca de los acontecimientos, situaciones, problemas, dificultades, propuestas y decisiones que inciden en el interés general y en el desenvolvimiento de la vida social.

A diferencia de los jueces y tribunales -cuyas providencias han de fundarse únicamente en lo dispuesto por la Constitución y las leyes-, los gobernantes deben estar en permanente contacto con la sociedad, tener en cuenta y responder a la opinión pública sobre sus actos, determinaciones y omisiones.

En ese orden de ideas, está muy bien que el presidente de la República, ante el general rechazo de la ciudadanía respecto al proyecto de reforma tributaria presentado al Congreso, haya anunciado que será retirado el impuesto de IVA inicialmente previsto para los productos de la canasta familiar. Atiende así al razonable criterio de la opinión pública frente a un proyecto de ley abiertamente contrario a lo dispuesto en la Constitución, según la cual los impuestos y contribuciones destinados a financiar los gastos e inversiones estatales, se deben establecer dentro de conceptos de justicia y equidad. Quienes deben pagar los mayores impuestos son los más adinerados, no los más pobres.

Lo que hizo mal el presidente consistió en no asumir su propia responsabilidad en cuanto al aludido proyecto tributario, culpando al ministro de Hacienda y demás colaboradores por una supuesta desobediencia a sus instrucciones sobre la no imposición de IVA a los estratos más débiles. Si esos funcionarios lo desobedecieron, deben responder, pero si no ocurrió así, resulta injusto con ellos y es un engaño a la opinión pública.

Algo similar ha ocurrido con la renuncia solicitada al gerente del denominado “Fondo Milagro”, como si él fuera el único responsable del total abandono en que se encuentran las víctimas del terremoto del 10 de agosto. En evidente incumplimiento de las promesas presidenciales, ya transcurridos más de tres meses desde el fenómeno natural que tanto daño causó en varias regiones del país, lo cierto es que la inmensa mayoría de las personas afectadas -quienes perdieron sus viviendas y bienes- están totalmente desprotegidas. Han brillado por su ausencia las medidas reales, efectivas y concretas. Se ha preferido acudir al show mediático, a las peticiones de aplausos y sonrisas, así como a la entrega de llaves de cartón a uno que otro perjudicado, lo que más parece una burla.

No se sabe lo que se ha hecho con los dineros del «Fondo Milagro», salvo el pago de una cuantiosa nómina burocrática. ¿Cuál ha sido su gestión? ¿Qué pasa con miles de víctimas, sus familias y la anunciada e inexistente protección? ¿Por qué no han sido entregadas a cabalidad las cuentas del otro fondo -el privado- dirigido por la primera dama?

En general, lo que interesa y lo que exige la opinión pública -más que el espectáculo, los videos y los disfraces con uniformes militares y pistolas- es la auténtica asunción de la responsabilidad de los altos funcionarios -incluido el presidente-, así como la pronta y efectiva solución de los muchos, graves y complejos problemas que afrontamos en materia económica y social.

*Exmagistrado *Profesor universitario

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