Alertas de la Procuraduría que evitaron que obras públicas quedaran a medias

Como parte de su estrategia de prevención, bajo el mensaje de “llegar antes de la falta para proteger lo público”, la Procuraduría General de la Nación ha reforzado la vigilancia sobre proyectos de infraestructura en diferentes regiones del país, con el propósito de advertir posibles irregularidades, promover correctivos y evitar que las dificultades administrativas o contractuales terminen afectando la ejecución de las obras y los recursos públicos.

Entre las actuaciones más destacadas de este año se encuentran cinco proyectos que, en conjunto, representan inversiones superiores a los $475.000 millones.

Uno de los casos con más recursos comprometidos fue la remodelación y ampliación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, en Bogotá. En agosto, la Procuraduría pidió suspender la licitación por $292.914 millones, al advertir posibles irregularidades en la selección del futuro contratista.

La entidad señaló que no existían soportes claros sobre la financiación del proyecto y encontró inconsistencias en la evaluación final de los proponentes, así como posibles deficiencias en el cumplimiento de los principios de publicidad e igualdad.

También cuestionó que los indicadores financieros exigidos a los participantes no contaran con documentos que justificaran los valores establecidos.

Por estas razones, la Procuraduría solicitó a la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y a la fiduciaria DaviBank suspender el proceso y revisar las observaciones antes de continuar con la contratación.

Otro de los proyectos bajo vigilancia preventiva es la construcción del nuevo Hospital San Juan Bautista de Chaparral, en Tolima, cuyo contrato supera los $82.725 millones. En septiembre, la Procuraduría advirtió que la información entregada por la Gobernación no permitía establecer con precisión el avance físico de la obra ni verificar el cumplimiento del cronograma.

El organismo de control llamó la atención sobre el hecho de que, según los datos reportados por la administración departamental, se había pagado el equivalente al 12,06% del contrato. Por ello, solicitó información actualizada sobre el estado físico y financiero del proyecto, los cronogramas, los informes de interventoría y supervisión, los riesgos identificados y las medidas correctivas adoptadas.

En Armenia, Quindío, la Procuraduría emitió una alerta preventiva frente a un convenio interadministrativo por más de $54.757 millones, destinado a la reposición y construcción de alcantarillados y colectores para descontaminar quebradas en diferentes barrios de la ciudad.

La revisión del convenio permitió advertir posibles problemas en la estructuración de los contratos, entre ellos la falta de una verificación adecuada de los precios del mercado y dudas sobre la modalidad de contratación utilizada para ejecutar las obras. También se señalaron posibles incumplimientos de los documentos tipo establecidos por Colombia Compra Eficiente.

Ante estos hallazgos, el Ministerio Público pidió a la Alcaldía de Armenia y a Empresas Públicas de Armenia revisar y ajustar el convenio para evitar posibles irregularidades que comprometieran la ejecución del proyecto y los recursos destinados al saneamiento ambiental.

En Arauca, la vigilancia de la Procuraduría se concentró en un contrato de más de $24.000 millones para la pavimentación de una vía en el municipio de Arauquita. En junio, el organismo de control abrió una indagación previa por posibles anomalías en la ejecución del proyecto, suscrito en septiembre de 2022.

La actuación se originó en denuncias sobre retrasos, prórrogas y modificaciones contractuales. De acuerdo con la información conocida por la Procuraduría, la obra se encontraba suspendida y registraba una ejecución del 60%, pese a que ya habían transcurrido más de cuatro años desde la firma del contrato, cuyo plazo inicial era de 15 meses.

Por otra parte, en Puerto Carreño, Vichada, la Procuraduría requirió al Ministerio de Vivienda y a Findeter por los retrasos en la consultoría para la construcción de un relleno sanitario, un proyecto con una inversión estimada de $20.793 millones.

El organismo de control advirtió que la consultoría acumulaba 18 meses de retraso y que no se había consolidado su producto final, pese a que se habían registrado avances en la fase de obra. Esta situación generaba riesgos sanitarios, ambientales y sociales para los habitantes del municipio, que ya enfrentaban dificultades en la prestación del servicio de aseo.

/colprensa

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