La sentencia establece prisión domiciliaria y descarta la captura inmediata del ex registrador Eduardo Alberto Noguera Dangond Sin embargo, el documento contiene diferencias en los meses de prisión y el monto de la multa, por lo que la corporación deberá precisar las sanciones definitivas.
Eduardo Alberto Noguera Dangond fue declarado responsable por tres trámites irregulares de expedición de cédulas a ciudadanos extranjeros. La corporación le concedió prisión domiciliaria y no ordenó su captura inmediata. El fallo presenta diferencias en las cifras de la condena que deberán ser aclaradas.
La absolución que había favorecido a Eduardo Alberto Noguera Dangond, exregistrador especial del Estado Civil de Ciénaga, fue revocada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, que lo declaró responsable de los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal, en un proceso relacionado con tres trámites de expedición de cédulas de ciudadanía a extranjeros.
La determinación fue aprobada mediante providencia con ponencia del magistrado José Alberto Dietes Luna. La corporación resolvió los recursos de apelación presentados por la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Ministerio de Relaciones Exteriores contra la sentencia del 24 de octubre de 2025, cuando el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ciénaga había absuelto al procesado por estos dos delitos.
En la parte resolutiva, el Tribunal estableció una pena de 120 meses de prisión, equivalentes a 10 años, una multa de 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 108 meses, es decir, nueve años. Sin embargo, otras partes de la providencia contienen cifras diferentes para estas sanciones, situación que deberá ser aclarada por la corporación.
La Sala le concedió a Noguera Dangond el sustituto penal de prisión domiciliaria y se abstuvo de ordenar su captura inmediata. Por esta razón, permanecerá en libertad hasta que la sentencia quede ejecutoriada. Una vez adquiera firmeza, deberá presentarse ante la Sala, suscribir la diligencia de compromiso y comenzar a cumplir la condena en su lugar de residencia, bajo las condiciones establecidas en la decisión.
LOS TRÁMITES BAJO INVESTIGACIÓN
Los hechos que dieron origen al proceso surgieron a partir de información suministrada por autoridades de inmigración y aduanas de Estados Unidos sobre la presunta obtención irregular de documentos colombianos de identificación por parte de ciudadanos extranjeros.
De acuerdo con el escrito de acusación, la Fiscalía estableció que varias cédulas habrían sido tramitadas con fundamento en registros civiles de nacimiento inexistentes, cuyos datos fueron incorporados al Sistema Nacional de Información de Registro Civil e Identificación.
En el caso de Noguera Dangond, la investigación se concentró en tres trámites realizados el 16 de noviembre de 2016, cuando se desempeñaba como registrador especial de Ciénaga. Las solicitudes correspondían a los ciudadanos Al Refaee Al Refaee Amer, Bachar Tuameh y Ahmad Alhariri, para quienes se adelantaron procedimientos de expedición de cédulas por primera vez mediante el usuario institucional “ENOGUERA”, asignado al entonces registrador.
A cada trámite se le asignó un Número Único de Identificación Personal (NUIP): 1.221.979.790 para Al Refaee Al Refaee Amer; 1.221.979.791 para Bachar Tuameh, y 1.221.979.792 para Ahmad Alhariri.
Según la investigación, los procedimientos presentaban varias irregularidades. Los registros civiles que servían de antecedente aparecían incorporados en la Registraduría de Pivijay, pero la Notaría Primera del Círculo de Cartagena certificó que no existían en sus archivos y que los seriales utilizados no correspondían a los asignados a esa notaría.
A esto se sumó que las tarjetas de preparación no reposaban en el centro de acopio de la Delegación Departamental del Magdalena. Tampoco se encontraron imágenes biográficas ni información decadactilar asociadas a los trámites en las bases de datos de identificación, sino únicamente los NUIP asignados a los solicitantes.
Para la Fiscalía, esas actuaciones permitieron avanzar en la preparación de documentos de identificación con información que no correspondía a antecedentes registrales legítimos y, por esa vía, se habría inducido en error a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
EL PROCESO JUDICIAL
Las audiencias preliminares de legalización de captura y formulación de imputación se realizaron el 28 de septiembre de 2018. Posteriormente, el 9 de marzo de 2020, la Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Noguera Dangond por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, daño informático, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.
La audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo el 16 de marzo de 2021 ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ciénaga. La audiencia preparatoria tuvo lugar el 14 de septiembre de ese mismo año y el juicio oral comenzó el 30 de noviembre de 2021.
Durante el juicio se practicaron testimonios de la Fiscalía y de la defensa. Entre los declarantes estuvieron Jesús Alfonso Velasco Suárez, Zuleyma Esther Moscote Redondo, Angélica Adelaida Arismendy de Forero, Enuer Abel Muegues Rivadeneira, Jesús de los Ángeles Núñez Domínguez, Arnaldo César Costa Angarita y Alejandro Alberto Campo Valero. El procesado también rindió declaración el 6 de marzo de 2025.
El 27 de mayo de 2025, el juzgado anunció sentido de fallo absolutorio y, el 24 de octubre de ese año, profirió sentencia a favor de Noguera Dangond por falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. En esa misma decisión declaró extinguida la acción penal por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático y daño informático, al considerar que había operado la prescripción.
La Fiscalía, la Registraduría y el Ministerio de Relaciones Exteriores apelaron la absolución. Por su parte, el procesado y la Procuraduría solicitaron que se mantuviera la decisión de primera instancia.
LAS RAZONES DEL TRIBUNAL PARA CONDENAR
Al estudiar las apelaciones, la Sala Penal consideró que el juzgado de primera instancia había fragmentado la valoración de los elementos probatorios y exigido una prueba pericial informática como condición indispensable para establecer la responsabilidad del procesado.
Para el Tribunal, las pruebas debían analizarse de manera conjunta, teniendo en cuenta los indicios relacionados con la titularidad del usuario institucional, la condición de registrador especial, la fecha de realización de los trámites y las obligaciones que tenía frente al manejo de sus credenciales.
Uno de los aspectos que destacó la corporación fue que las tres operaciones se realizaron el 16 de noviembre de 2016, precisamente el día en que Noguera Dangond se reincorporó a sus funciones después de un período de vacaciones comprendido entre el 24 de octubre y el 15 de noviembre de ese año.
También tuvo en cuenta la Circular 003 de 2011, según la cual las claves de acceso al Archivo Nacional de Identificación eran personales e intransferibles y cada funcionario debía responder por las consultas y transacciones realizadas con su usuario. El propio procesado reconoció durante el juicio que conocía esa disposición.
La Sala examinó igualmente la explicación de la defensa sobre el supuesto uso compartido de la cuenta. Sin embargo, consideró que no se presentó prueba concreta de que otro trabajador hubiera utilizado la contraseña “ENOGUERA” el día en que se adelantaron los tres trámites.
Además, señaló que uno de los testigos de la defensa indicó que desde 2015 o 2016 la entidad había proscrito el uso de usuarios genéricos y establecido que cada trabajador debía contar con credenciales personalizadas e intransferibles.
Otro elemento considerado por el Tribunal fue la inexistencia de los registros civiles que sirvieron de antecedente a las solicitudes, así como la ausencia de las tarjetas de preparación y de los soportes biográficos y decadactilares que debían generarse durante el procedimiento.
A partir de esos elementos, la corporación concluyó que los indicios eran graves, concordantes y convergentes, y que permitían establecer la responsabilidad penal de Noguera Dangond más allá de toda duda razonable. Por esa razón, determinó que la absolución debía ser revocada.
LA CONDENA Y LA PRISIÓN DOMICILIARIA
Para establecer la sanción, el Tribunal tuvo en cuenta que se configuraron seis conductas punibles: tres falsedades ideológicas en documento público y tres fraudes procesales. También valoró que el procesado no registraba antecedentes penales, circunstancia que fue acordada como estipulación probatoria durante el proceso.
En la parte resolutiva de la providencia, la corporación fijó 120 meses de prisión, una multa de 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilitación de 108 meses para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Aunque no concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el Tribunal determinó que sí procedía la prisión domiciliaria. Para ello tuvo en cuenta el arraigo familiar, social y laboral acreditado en el expediente, la ausencia de antecedentes penales y el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a ese mecanismo.
La concesión quedó condicionada al pago de una caución equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y al cumplimiento de varias obligaciones: no cambiar de residencia sin autorización judicial, garantizar la reparación de los daños ocasionados dentro del término que fije el juez, comparecer ante la autoridad encargada de vigilar la pena cuando sea requerido y permitir el ingreso de los servidores públicos responsables de verificar el cumplimiento de la reclusión domiciliaria.
El Tribunal también explicó que no era necesario ordenar la captura inmediata, debido a que el procesado había comparecido a las audiencias, tenía arraigo acreditado y no se evidenciaba un riesgo actual de fuga o de obstrucción a la justicia. Por tanto, permanecerá en libertad hasta que la decisión quede en firme.
Finalmente, la Sala indicó que contra la providencia procede el recurso de casación dentro de los cinco días siguientes a la audiencia. Al tratarse de la primera condena, también reconoció al procesado y a su defensa la posibilidad de presentar impugnación especial para garantizar el derecho a la doble conformidad judicial.
TRIBUNAL DEBERÁ ACLARAR LA CONDENA
La providencia presenta diferencias en las cifras correspondientes a la sanción impuesta. Mientras que en la parte resolutiva, páginas 64 y 65, se establece una pena de 120 meses de prisión y una multa de 600 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en la recapitulación de la página 63 se mencionan 90 meses de prisión y una multa de 200 salarios mínimos. Además, en el análisis de los subrogados aparecen referencias a una pena de 90 meses.
Ante esta inconsistencia, el Tribunal Superior de Santa Marta deberá confirmar cuáles son las cifras definitivas de la condena y establecer si se emitirá una aclaración o corrección de la providencia. Entretanto, los datos consignados en la parte resolutiva se mantienen como referencia, a la espera de la precisión oficial de la corporación.
