La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve antiguos integrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional, señalados como máximos responsables de un patrón de violencia que dejó 284 personas asesinadas en 32 masacres cometidas en los Montes de María, entre 1999 y 2001.
La decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad también documentó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencia sexual y otras agresiones contra mujeres y niñas.
Según la investigación, se estableció que estos crímenes no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte de una dinámica de violencia contra la población civil, en medio de un alineamiento estratégico entre estructuras paramilitares, integrantes de la fuerza pública y otros actores regionales.
Un patrón de violencia contra la población campesina
Uno de los principales hallazgos de la JEP es que las comunidades campesinas fueron estigmatizadas y señaladas como supuestas colaboradoras de las extintas Farc-EP. Esa estigmatización convirtió sus liderazgos, relaciones familiares, actividades productivas y formas de organización comunitaria en motivos de sospecha y selección de las víctimas.
La Sala encontró que la articulación entre determinados integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares se manifestó mediante acuerdos, coordinación de operaciones, intercambio de información, facilitación de desplazamientos, omisiones deliberadas y tolerancia operacional.
Incluso, la jurisdicción aclaró que para establecer ese alineamiento estratégico no era necesario demostrar la existencia de una sola organización, un mando común o relaciones permanentes de subordinación entre sus integrantes.
La violencia no se limitó a los asesinatos. También se documentaron desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones graves de la libertad, violencia sexual y reproductiva y desplazamientos forzados.
En ese norte, hay que recordar que estos mismos hechos, provocaron terror colectivo, obligaron a comunidades enteras a abandonar sus territorios y destruyeron sus condiciones de vida, sus economías campesinas y sus formas de organización social.
284 asesinatos y 107 víctimas de violencia de género
En el balance de las 32 masacres, la JEP estableció que 284 personas fueron asesinadas: 169 en cuatro hechos ilustrativos y otras 115 en 28 masacres adicionales.
Sumado a eso, en 15 de estos episodios fueron documentadas 107 víctimas de violencias basadas en género, violencia sexual y otras formas de violencia contra mujeres y niñas.
De acuerdo con la jurisdicción, se determinó que estas agresiones no fueron hechos marginales, sino que se utilizaron para castigar, humillar, someter y enviar mensajes de terror y dominación sobre las víctimas, sus familias y comunidades. También estableció la existencia de persecución por razón de género.
En este subcaso fueron acreditadas 1.219 víctimas, 1.191 individuales, 25 colectivas, los territorios de Montes de María y Canal del Dique, y una Mesa de Participación de Víctimas que representa a víctimas indeterminadas.
El Salado, Chengue y Macayepo, entre los hechos documentados
Para establecer las dinámicas criminales y las responsabilidades individuales, la JEP examinó cuatro hechos ilustrativos.
Uno de ellos fue la masacre de Capaca, El Bongal y Campo Alegre, ocurrida entre el 16 y el 17 de agosto de 1999, que dejó 13 personas asesinadas, una desaparecida y hechos de violencia sexual y basada en género.
También está la incursión paramilitar de febrero del año 2000 en El Salado, Flor del Monte, Canutal, Canutalito y La Sierra, que dejó al menos 60 víctimas mortales, además de desapariciones, torturas, violencia sexual y desplazamientos forzados.
Otro episodio fue la incursión entre el 9 y el 17 de octubre del año 2000 en El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo, El Floral, Floralito, La Cañada, Berruguita y Macayepo, que dejó 13 víctimas mortales. En este caso, la Sala examinó el conocimiento institucional sobre la presencia paramilitar y los elementos de articulación entre actores militares, políticos y paramilitares.
En ese mismo sentido, en Chengue, en enero de 2001, una incursión paramilitar dejó 28 personas asesinadas, además de torturas, quema de viviendas, violencia sexual y desplazamiento forzado. La comunidad había advertido reiteradamente a las autoridades sobre el riesgo de una incursión.
¿Quiénes son los once integrantes de la fuerza pública imputados?
La JEP atribuyó responsabilidad individual a nueve antiguos integrantes de la Armada: Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo.
Por la Policía Nacional fueron llamados a reconocer responsabilidad Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.
La Sala llegó a estas conclusiones después de contrastar informes, versiones voluntarias de los comparecientes, observaciones de las víctimas, declaraciones, actuaciones de la justicia ordinaria, la Justicia Penal Militar y Justicia y Paz, además de información oficial del Ministerio de Defensa y otras autoridades.
¿Qué sigue en el proceso?
Los once comparecientes serán notificados y tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o controvertir la imputación con argumentos y pruebas. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público tendrán el mismo plazo para presentar observaciones.
Si reconocen su responsabilidad y aportan verdad, la Sala podrá emitir una resolución de conclusiones y remitir el caso al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones restaurativas.
Si no reconocen responsabilidad, sus casos podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Si esta formula acusación y se establece su responsabilidad, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
Adicionalmente, la jurisdicción ordenó crear mesas técnicas con la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, para avanzar en la reparación administrativa de las víctimas de violencia sexual y en las labores de búsqueda, identificación y entrega digna de las personas desaparecidas.
Ahora bien, es importante precisar que esta imputación no constituye una declaración definitiva de responsabilidad penal. Se trata de una atribución de responsabilidad en esta etapa del proceso, que ahora les permite a los comparecientes reconocer los hechos o controvertirlos ante la jurisdicción.
Cuatro preguntas con las claves de la noticia
¿Por qué la JEP imputó a nueve integrantes de la Armada y dos policías?
Porque la Sala de Reconocimiento les atribuyó responsabilidad como máximos responsables de un patrón de violencia que incluyó 32 masacres y otras conductas criminales contra la población civil de los Montes de María, entre 1999 y 2001.
¿Cuántas personas fueron asesinadas en las 32 masacres de los Montes de María?
La JEP estableció que fueron asesinadas 284 personas. Además, documentó 107 víctimas de violencias basadas en género, violencia sexual y otras agresiones contra mujeres y niñas.
¿Quiénes son los integrantes de la fuerza pública imputados por la JEP?
Por la Armada Nacional: Rodrigo Quiñones Cárdenas, Hernando Alfonso Jama Arjona, Ricardo Díaz Granados Mantilla, Benjamín Herrera Niño, Harold Afranio Mantilla Serrano, Camilo Martínez Moreno, Jairo Alfredo Prada Jaimes, Bautista Cárcamo Galé y Ramón Gerardo Moncayo Trujillo. Por la Policía: Norman León Arango Franco y Paulo César Cruz Delgadillo.
¿Qué penas podrían enfrentar los once comparecientes ante la JEP?
Si no reconocen responsabilidad, sus casos pueden pasar a la Unidad de Investigación y Acusación. Si son acusados y se establece su responsabilidad, podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión.
/LA FM
