La Corte Constitucional se abstuvo de resolver el conflicto de competencias entre la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, relacionada con las masacres de El Aro y La Granja y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo.
La Sala Plena tomó la decisión de “declararse inhibida”, al considerar que no se cumplían los “presupuestos normativo y objetivo” necesarios para configurar un conflicto de jurisdicciones.
La decisión fue adoptada por una votación de siete magistrados contra dos, bajo ponencia de la magistrada y presidenta de la Corte, Paola Meneses. Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que el magistrado Juan Carlos Cortés González presentó una aclaración de voto.
La controversia comenzó en agosto pasado, cuando el entonces presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, Carlos Alberto Cuenca, solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que remitiera a esa instancia el expediente contra Uribe.
La Comisión argumentó que tenía competencia para investigar los hechos que, según su hipótesis, estarían relacionados con un presunto concierto para delinquir agravado que se habría extendido hasta 2003, cuando el expresidente ya ejercía la Presidencia de la República.
La Fiscalía rechazó esa solicitud y sostuvo que los hechos que son objeto de investigación ocurrieron entre 1996 y 1997, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Por ello, consideró que el proceso debía permanecer en manos de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.
Uribe fue denunciado desde hace más de 20 años por su presunta participación en las masacres de ‘El Aro’ y ‘La Granja’, especialmente con base en el testimonio de un exparamilitar, Francisco Villalba, que posteriormente fue asesinado.
En ese momento, antes de ser extraditado, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso negó cualquier participación de Uribe en esas masacres, aunque después de regresar al país, en una declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), afirmó lo contrario, que el expresidente sí conocía lo que estaba ocurriendo.
La masacre de ‘La Granja’, un corregimiento de Ituango, la perpetró un grupo de las entonces Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) el 11 de junio de 1996. La de ‘El Aro’, también corregimiento de Ituango, se registró entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, ambas mientras Uribe era gobernador de Antioquia.
Uribe también es investigado por su presunta participación en el homicidio de Jesús María Valle, líder de derechos humanos que denunció ante el entonces gobernador la presunta participación del Ejército en las masacres.
Durante la primera sesión de indagatoria ante la Fiscalía, adelantada el pasado cuatro de septiembre, el exmandatario manifestó que acudía a “decir que no he sido asesino», y aseguró ser una víctima de todas las acusaciones en su contra.
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