El municipio de Sonsón y el departamento de Antioquia deberán coordinar las acciones necesarias para atender los riesgos que enfrenta la comunidad del corregimiento de San Miguel por la erosión y socavación de la margen izquierda del río La Miel, de acuerdo con lo determinado por la Sección Primera del Consejo de Estado, al confirmar una orden de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en noviembre de 2025.
En concreto, Sonsón y Antioquia tendrán seis meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, para elaborar un estudio técnico integral que determine los factores que provocan la erosión y la socavación en los sectores Singapur y La Riquita, así como las medidas que deben adoptarse.
El trabajo deberá incluir los análisis hidráulicos, hidrológicos, geotécnicos y ambientales que se requieran y contará con el acompañamiento de CORNARE, la UNGRD e ISAGEN.
Con base en ese diagnóstico, el municipio y el departamento deberán diseñar, formular y ejecutar un proyecto de intervención que incluya las obras necesarias para reducir el riesgo y ofrecer una solución definitiva.
Para ello, el Consejo de Estado modificó el plazo fijado inicialmente por el Tribunal Administrativo de Antioquia y estableció que los 12 meses para desarrollar esa intervención comenzarán a contarse desde la elaboración del estudio técnico.
La corporación consideró que la presencia de varios factores que podrían explicar el deterioro de la ribera no justifica que las entidades dejen de actuar. En el fallo señaló que «no resulta jurídicamente admisible convertir la existencia de hipótesis causales alternativas en una razón para desatender una amenaza que ya ha sido constatada».
Lo anterior, luego de que fueran presentadas varias apelaciones por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ISAGEN, la Gobernación de Antioquia y la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (CORNARE).
Durante el proceso, ISAGEN sostuvo que no estaba demostrado que la operación de la central hidroeléctrica Miel I fuera la causa de la erosión. La empresa señaló que el fenómeno también podría estar relacionado con las crecientes naturales, las características del río y otros factores ambientales y humanos.
El Consejo de Estado reconoció que la problemática puede responder a distintas causas, entre ellas “las crecientes naturales, la morfología del cauce, la dinámica hidráulica del río Magdalena, la ocupación y asentamiento de población en la margen izquierda del río La Miel y las actividades mineras desarrolladas en la parte alta de la cuenca del río Samaná Sur”. Sin embargo, advirtió que esas hipótesis no descartan la situación de riesgo ni tampoco liberan de responsabilidad a la central hidroeléctrica.
Los riesgos en el corregimiento de San Miguel fueron puestos en conocimiento de las autoridades desde 2010. La acción popular que dio origen al proceso fue presentada por 81 ciudadanos, quienes advirtieron sobre el deterioro de la margen izquierda del río La Miel y la posibilidad de inundaciones, avalanchas y afectaciones a la vía de acceso al corregimiento.
Uno de los informes técnicos revisados durante el proceso encontró que, entre 2018 y 2024, la margen izquierda del río se desplazó entre 58 y 80 metros por la socavación lateral. También señaló que algunas obras de protección instaladas anteriormente no resistieron la fuerza del río.
/colprensa
