El ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino, anunció que el Gobierno proyecta construir nuevas cárceles y financiar las obras con la venta de activos improductivos de la Nación, cuyo inventario, según dijo, ya está en elaboración.
En su intervención ante la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, que vigila el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario, Cancino sostuvo que el principal vacío en el sistema penitenciario viene de la débil capacidad financiera de los departamentos y municipios para hacerse cargo de las personas bajo detención preventiva, aun cuando es la Nación quien responde por quienes ya fueron condenados.
En ese sentido, planteó tres ajustes, que deben iniciar desde el ajuste normativo, por lo que el Gobierno propone incluir el sector penitenciario territorial en la Ley de Competencias y en el proyecto que reforma el Sistema General de Participaciones.
Según explicó, actualmente los recursos disponibles no permiten cubrir todos los gastos que implica mantener los centros de detención transitoria. Señaló que ni las regalías, ni el Fonset ni los recursos del Presupuesto General de la Nación pueden destinarse a financiar su funcionamiento.
Para el segundo ajuste, que sería administrativo, el Ministro anunció que el Gobierno trabaja en un par de documentos que, según dijo, ya están elaborados y se encuentran en trámite en el Ministerio del Interior, para el uso de los recursos del Fondo de Seguridad Territorial (Fonset) y en una resolución relacionada con el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), el cual, cabe resaltar, fue eliminado del texto definitivo del proyecto de Ley de Sometimiento, que permitía la contratación directa con recursos del Fondo.
El tercer cambio apunta a la gestión de las responsabilidades de los gobiernos locales, para lo cual Cancino propuso diferenciar entre las administraciones que incumplen sus obligaciones y aquellas que, aunque tienen la disposición de atenderlas, demuestran que no cuentan con los recursos materiales para hacerlo.
“Distinguir al territorio que omite su obligación del que acredita una imposibilidad material. Al primero se le deben exigir correctivos, al segundo, concurrencia. Y añado una obligación territorial que suele quedar fuera, la prevención del delito y esa también es una obligación de la nación, del Ministerio”, precisó.
Frente a los cuestionamientos por los retrasos en la entrega de dos establecimientos penitenciarios cuya construcción comenzó en 2016, Cancino aseguró que la cárcel de Riohacha será inaugurada a finales de noviembre y que la de Sabanas de San Ángel, en Magdalena, estará lista antes de finalizar el 2026, pese a que inicialmente tenía como fecha de entrega agosto de 2027.
Para hacer seguimiento a las medidas anunciadas, el jefe de la cartera de Justicia informó que por instrucción del Presidente se creará una mesa de trabajo trimestral con los ministerios de Hacienda y Planeación, el Inpec y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec).
Además, se comprometió a presentar, a más tardar el 15 de noviembre, las bases relacionadas con la Ley de Competencias y el Sistema General de Participaciones, con el propósito de incorporar las necesidades del sector penitenciario en esa discusión.
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