Se acaba la era de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro y comienza la era del sometimiento a la justicia del presidente Abelardo De La Espriella. Con el tiempo en contra y el riesgo de repetir el error que llevó a expedir el presupuesto por decreto, el Congreso logró aprobar la prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público.
En sus 30 artículos se desmonta el modelo de negociaciones del Gobierno anterior: se acaban las mesas de diálogo, los grupos criminales pierden cualquier reconocimiento político, desaparecen los gestores de paz y la política de seguridad queda centrada en dos caminos: el sometimiento a la justicia o la acción de la Fuerza Pública.
El presidente De La Espriella sancionará la ley con el texto aprobado por el Senado. Allí, el debate tuvo que repetirse por las críticas de la oposición petrista, que cuestionó que la ponencia no se hubiera presentado ni discutido debidamente.
Entre los principales cambios aprobados por los senadores está el endurecimiento de las condiciones para acceder a las rebajas de penas. En el caso de los delitos relacionados con lavado de activos, se amplió de uno a seis años el tiempo de privación efectiva de la libertad exigido para acceder al beneficio correspondiente.
Otro de los ajustes establece que no podrán recibir el tratamiento penal diferenciado quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad o sean responsables de reclutar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años para las estructuras criminales.
En materia de sanciones, el texto mantiene un esquema diferenciado según el nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones. Los integrantes de base podrán acceder a una reducción de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas y quienes desempeñen funciones de mando la rebaja será de hasta el 30 %. En ningún caso la condena para estos últimos podrá ser inferior a diez años de prisión.
La iniciativa también establece que quienes se sometan deberán cumplir sus penas en centros de reclusión bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con restricciones efectivas de la libertad.
El único artículo que fue eliminado fue el que contemplaba la posibilidad del uso de gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). Además, se estableció que los departamentos y municipios no tendrán que asumir las cargas derivadas de los procesos de sometimiento, cuya coordinación estará en cabeza del Ministerio de Justicia.
Al cierre de la discusión, tanto el Gobierno como la bancada oficialista defendieron que la nueva ley cambia por completo las reglas de juego: no habrá zonas especiales de concentración, sino que los integrantes de las organizaciones pagarán sus condenas en cárceles o centros administrados por el INPEC; no habrá suspensión de órdenes de captura ni de extradición, tampoco mesas de diálogo ni interrupción de operaciones militares.
Finalmente, quienes se sometan a la justicia perderán definitivamente sus derechos políticos. No podrán aspirar a cargos de elección popular, ocupar empleos públicos ni contratar con el Estado.
/blu radio
