La ONU derechos humanos se pronunció ante la ola de violencia que se vive en Cúcuta, Norte de Santander, luego de los atentados y el asesinato de Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía y exsecretario de Gobierno.
En su mensaje expresaron su preocupación ante » el deterioro de la situación de derechos humanos» que se vive en el departamento fronterizo y presentaron algunas recomendaciones ante las medidas anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella para militarizar la ciudad.
Según denunciaron, se presentan varias acciones como homicidios selectivos, feminicidios, masacres, extorsiones, amenazas a líderes sociales, reclutamiento de menores, trata de personas y ataques indiscriminados que han afectado la vida e integridad de personas de la población civil y miembros de la fuerza pública.
Por esto, hicieron un llamado a los grupos armados no estatales a cumplir su obligación «de respetar los derechos humanos y cumplir los principios del derecho internacional humanitario».
Desde la ONU también se centraron en las responsabilidades del estado, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella y su orden de militarizar y aumentar la presencia de la autoridad en la ciudad.
Aunque hacen un llamado a las autoridades locales, regionales y nacionales para tomar todas las medidas para contener y disuadir esta ola de violencia, y que incluyan el desmantelamiento sostenible de los grupos y organizaciones que la generan y a atacar las causas estructurales. También insisten en que estas deben funcionar de manera integral y con estricto respeto a los estándares de derechos humanos.
Sobre la propuesta del presidente enfatizaron en que este despliegue armado “debe contemplar y definir con claridad los mecanismos, procedimientos, canales y protocolos que garanticen el cumplimiento del estándar, los cuales deben ser eficaces, oportunos y transparentes”.
A renglón seguido aseguran que debe primar el mantenimiento del orden público interno, pero también la seguridad ciudadana que debe estar protegido por los cuerpos policiales, por lo que debe existir un límite y un control de esta militarización.
«La intervención de fuerzas armadas en tareas de seguridad pública debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria a la autoridad civil, regulada y fiscalizada por entes de control», señalan desde la ONU.
Además, aseguran que estas acciones deben estar regidas bajo el cumplimiento de la ley y también «bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad».
Desde la ONU Derechos humanos expresaron su solidaridad a las familias de las víctimas fatales y a todas las personas lesionadas y afectadas en sus bienes, en particular, por ataques con explosivos. Además de insistir a todos los actores del conflicto en su llamado al respeto del Derecho Internacional Humanitario.
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