La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general retirado Mario Montoya Uribe responsabilidad por omisión en los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra habitantes de la Comuna 13 de Medellín durante la Operación Orión y otras acciones militares y policiales entre 2001 y 2004.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP concluyó que los homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, torturas, agresiones sexuales y persecuciones contra la población civil en la Comuna 13 formaron parte de un patrón de violencia que permitió la expansión y consolidación del Bloque Cacique Nutibara (BCN) en ese sector de Medellín.
La JEP identificó que, para dicha consolidación, se llevaron a cabo señalamientos contra civiles como supuestos colaboradores de las guerrillas, y colaboración entre integrantes de la Fuerza Pública y paramilitares.
La investigación documentó intercambio de información, entrega de fotografías y listados de personas señaladas como milicianas, así como la participación de paramilitares como guías e informantes durante operaciones oficiales.
Uno de ellos fue Joaquín Javier Tuberquia Valle, alias ‘El Indio’, quien reconoció que acompañó a las tropas durante cinco días de la Operación Orión por orden de sus superiores.
La Sala concluyó que “en numerosos casos la actuación estatal trascendió la simple tolerancia frente a las estructuras paramilitares y adquirió formas de colaboración que facilitaron la comisión de graves crímenes internacionales”. También identificó una coordinación territorial resumida en la expresión
“usted entra y yo salgo”
Según la investigación, se estableció una dinámica muy clara de “usted entra y yo salgo”, en la que las unidades militares y policiales intervenían determinados sectores de la Comuna 13 y, posteriormente, los paramilitares ingresaban a terminar de someter el territorio, por lo que entre ambos grupos no se producían confrontamientos.
A partir de esa dinámica, la Sala reconstruyó el desarrollo de 41 intervenciones militares y policiales realizadas en la Comuna 13 entre 2001 y 2003, que pavimentaron el acuerdo entre paramilitares y miembros de la fuerza pública, hasta llegar a la Operación Orión.
Dicha operación se desarrolló entre el 16 y el 23 de octubre de 2002 con participación de la IV Brigada, bajo el mando del General Montoya, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, bajo el mando del General Gallego Castrillón y organismos de inteligencia. Aunque buscaba recuperar el control de sectores dominados por milicias guerrilleras, la JEP documentó graves violaciones contra civiles.
“Durante la Operación Orión, la IV Brigada, comandada por el general Mario Montoya Uribe, dirigió la planeación y conducción militar y coordinó el despliegue de tropas, el control de los sectores intervenidos, los registros, allanamientos y acciones ofensivas para recuperar el control territorial frente a las milicias urbanas. La MEVAL, bajo el mando del general José Leonardo Gallego Castrillón, participó en capturas, registros, identificación de personas y labores de policía judicial, así como en la recepción y clasificación de detenidos en los lugares de acopio y en actividades de inteligencia que sustentaron las intervenciones”, señala la investigación de la JEP.
Durante el operativo fueron capturadas 292 personas, 248 de ellas sin orden judicial. Al menos 144 quedaron en libertad por falta de pruebas.
La Sala también documentó once desapariciones forzadas y señaló que varias víctimas fueron vistas por última vez en la Casa Orión, utilizada como lugar de retención e interrogatorio.
Después de la operación, el Bloque Cacique Nutibara terminó de reclamar su control sobre la Comuna 13, estableciendo los homicidios, las desapariciones y los desplazamientos como mecanismos fijos de sometimiento de la población.
En ese análisis, la jurisdicción encontró que las operaciones Otoño, Contrafuego, Metro, Mariscal y Orión estuvieron relacionadas con graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
En el caso del general retirado Mario Montoya Uribe, quien comandaba la IV Brigada del Ejército durante la Operación Orión, realizada entre el 16 y el 23 de octubre de 2002, la JEP le atribuyó responsabilidad como autor “por omisión impropia al incumplir sus deberes de mando, control, verificación, investigación y protección”, frente a los crímenes cometidos.
La misma forma de responsabilidad fue atribuida al general retirado José Leonardo Gallego Castrillón, quien estaba al mando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá; al coronel retirado Bernardo Gutiérrez Camelo, jefe de inteligencia de la IV Brigada; al coronel retirado Jairo Bocanegra de la Torre, comandante del Batallón de Ingenieros No. 4; y al coronel retirado Álvaro Botero Mejía, entonces subcomandante operativo de la Policía Metropolitana.
La Sala también imputó responsabilidad como coautores, por sus aportes a la planeación, ejecución o encubrimiento del plan criminal, a los coroneles retirados Juan Armando René Cadena Montenegro, Julián Ernesto Cadena Castillo y Darío Enrique Cortés Castillo; al mayor retirado Sergio Enrique Pérez García; al capitán retirado Carlos Mauricio Rojas Martínez y al sargento retirado Dagoberto de Jesús Bermúdez Villa.
Por su parte, el mayor retirado Jhon Jairo López Valencia fue imputado como coautor por los homicidios cometidos durante la Operación Contrafuego y como autor por omisión impropia por los homicidios, lesiones, privaciones de la libertad y desapariciones forzadas ocurridas en las operaciones Mariscal y Orión.
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