La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, podría llegar a ser la última mandataria de la capital que haya aspirado a ser presidente de la República inmediatamente después de haber estado al frente de los destinos de la ciudad.
Al menos eso es lo que pretenden una reforma constitucional que ya se empezó a aprobar en el Congreso de la República, con la cual se señala que quien haya sido alcalde de Bogotá no podrá aspirar a ser presidente o vicepresidente de la República, una vez haya terminado su mandato y tendría que esperar cuatro años más para presentar su nombre a consideración de los colombianos.
Ese proyecto hace trámite en la Comisión Primera de Cámara, en donde las mayorías del gobierno lo acogieron y en concreto modifica el artículo 197 de la Constitución Política para incluir esa nueva inhabilidad, e incluso indica que quienes aspiren a la vicepresidencia y renuncien anticipadamente a la Alcaldía no evitarían la inhabilidad.
La reforma fue presentada por la representante Carol Borda, quien hace parte Salvación Nacional, defendió la reforma al considerar que “se centra en Bogotá porque esta ciudad concentra el 25,2% del PIB nacional, además de la capacidad electoral que tiene el distrito, donde más de seis millones de colombianos son votantes, contamos que Bogotá administra más de 40 billones de pesos, de ellos 32,2 billones se van para inversión, por eso es tan apetecida la administración de la capital de la república. Por eso no podemos seguir permitiendo que haya alcaldes, que toman las decisiones estructurales que necesita el distrito, por miedo a que son impopulares y no le sirven a su precampaña presidencial”.
Desde el uribismo la enmienda a la carta política del 91 fue acogida, el representante Miguel Ángel Pinto, planteó que “cuando usted ordena el gasto y lo delega, utiliza le gusto o no el patrimonio público para apalancarse. Eso es lo que realmente nos somete a este escrutinio. Aquí no importa si en las elecciones de Bogotá ha ganado o no ha ganado el que ha aspirado, es que el problema no es si gano o si pierde, el problema es el daño que le están haciendo a las ciudades o los departamentos utilizando el erario y la burocracia en favor de su candidatura presidencial”.
Contrario a la reforma se declaró el representante Manuel Antonio Correa del Partido Alianza Social Independiente ASI, “este acto legislativo viola todo principio de equidad electoral. Si bien es cierto como dicen Bogotá es el segundo cargo más poderoso de este país, debemos revisar la arquitectura institucional colombiana, como ha considerado el régimen de inhabilidades y compatibilidades y es que el tema de los alcaldes incluido el de Bogotá, se repite en otro régimen de inhabilidades e incompatibilidades, para evitar que en el año antes, de la elección del Presidente de la República, se pongan a disposición la ordenación del gasto, el recurso público, para aumentar su imagen, para cultivar una campaña política”.
Esta por ser una reforma constitucional tendrá que tener 8 debates para convertirse en realidad, sin embargo, su primera vuelta, cuatro votaciones, tendrá que darse antes del 16 de diciembre.
/colprensa
