Del total entregado, $7.700 millones correspondieron a indemnizaciones judiciales ordenadas en procesos de Justicia y Paz, mientras más de $2.577 millones se destinaron a reparaciones administrativas. Entre las beneficiarias hay personas que destinarán las indemnizaciones a ampliar sus negocios y consolidar iniciativas productivas para mejorar los ingresos de sus hogares.
Un total de 555 víctimas del conflicto armado recibieron indemnizaciones judiciales y administrativas en Santa Marta.
La reparación económica a las víctimas del conflicto armado avanzó en Santa Marta con la entrega y notificación de 555 indemnizaciones que superaron los $10.277 millones. Los recursos fueron destinados a personas afectadas por la violencia, como parte de las medidas de reparación judicial y administrativa que buscan contribuir a la recuperación de sus proyectos de vida.
La jornada fue encabezada por la directora general de la Unidad para las Víctimas, Jensy Johana Osorio Porras, quien destacó la importancia de cumplir con las medidas de reparación y atender a quienes han esperado durante años el reconocimiento de sus derechos.
La funcionaria señaló que el objetivo es que los recursos recibidos ayuden a mejorar las condiciones de vida de las víctimas y les permitan impulsar iniciativas económicas para su sostenimiento y el de sus familias.
REPARACIÓN POR VÍA JUDICIAL
Del total de los recursos entregados, $7.700 millones correspondieron a 287 medidas de indemnización judicial ordenadas en procesos de Justicia y Paz contra los postulados condenados Miguel Ramón Posada, Salvatore Mancuso, Jorge Alberto García Rueda y Arnubio Triana Mahecha.
Para cumplir con estas decisiones judiciales, el Fondo para la Reparación de las Víctimas administró y comercializó bienes de los responsables e incorporó recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.
De las 287 medidas judiciales notificadas, seis fueron financiadas con activos vinculados a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, en cumplimiento de sentencias contra Arnubio Triana Mahecha y Jorge Alberto García Rueda. Las 281 restantes se cubrieron con recursos nacionales, bajo la modalidad de pagos parciales de los valores reconocidos en los fallos.
Entre las personas beneficiadas, una de las receptoras de indemnización judicial manifestó que destinará el dinero a fortalecer un emprendimiento relacionado con un centro de atención, laboratorio y servicios de odontología. Según indicó, el aporte llegó en un momento oportuno para avanzar en la consolidación de su iniciativa económica.
OCHO MUNICIPIOS BENEFICIADOS
La jornada también incluyó 268 indemnizaciones administrativas, por un valor superior a los $2.577 millones, entregadas mediante cartas cheque a víctimas residentes en Santa Marta y otros siete municipios del Magdalena.
Santa Marta registró 87 entregas, seguida de Aracataca, con 66, y Ciénaga, con 38. También fueron beneficiadas personas de Ariguaní, Pivijay, Sabanas de San Ángel, Zona Bananera y Cerro de San Antonio.
Los recursos permitirán a las personas indemnizadas atender necesidades familiares, desarrollar proyectos personales y fortalecer actividades productivas, de acuerdo con sus prioridades.
Una de las beneficiarias explicó que utilizará el dinero para ampliar el negocio de meriendas que funciona en su vivienda, denominado ‘Meriendas Peracas’. Con este apoyo espera mejorar sus ingresos y generar mejores condiciones económicas para su familia.
CONTINÚAN LAS ENTREGAS
La actividad desarrollada en Santa Marta hace parte de las jornadas de reparación que la Unidad para las Víctimas ha adelantado en diferentes regiones del país, entre ellas Bogotá, Boyacá, Chocó, La Guajira, Magdalena Medio, Nariño, Tolima y Putumayo.
La entidad anunció que continuará con encuentros de notificación y entrega de indemnizaciones en ciudades como Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y Medellín, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de las medidas de reparación dirigidas a la población afectada por el conflicto armado.
Con estas entregas, las personas beneficiadas podrán destinar los recursos a sus necesidades familiares y proyectos productivos, mientras continúa el proceso de reconocimiento y reparación económica por los daños sufridos durante la violencia.
