La defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que las mujeres que denuncian una presunta red de contratos estatales a cambio de servicios sexuales durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro deben recibir credibilidad y respaldo institucional, mientras las autoridades competentes verifican los hechos. En entrevista con Mañanas Blu, la funcionaria calificó el caso como “una denuncia muy delicada” y señaló que, si se confirma, sería “extremadamente grave”.
Marín evitó adelantar conclusiones sobre la veracidad de los señalamientos, pero insistió en que el país tiene derecho a conocer lo ocurrido. Su pronunciamiento se produce en medio de las investigaciones abiertas por distintas instancias judiciales tras la difusión pública de testimonios y documentos relacionados con contratos en entidades del Estado.
Defensoría del Pueblo pide credibilidad para las mujeres denunciantes
La defensora recordó la postura que ha mantenido la entidad frente a este tipo de casos: “Siempre la Defensoría del Pueblo ha sido de la posición de creerles, especialmente a las mujeres, en estas situaciones”.
En ese sentido, pidió acompañar a las denunciantes durante el proceso: “Hay que darle toda la credibilidad y respaldo para que se verifique si efectivamente hubo esta correlación”.
Marín se refirió así a la relación entre los contratos y los presuntos encuentros, un punto que considera central en la investigación. Según explicó, aunque la información pública indica que los contratos existieron, eso por sí solo no demuestra que hubieran sido entregados como contraprestación: “La existencia de los contratos, que parece ser por la información pública que es real, no comprueba que el contrato hubiera sido la contraprestación”.
Las preguntas clave de la investigación
La funcionaria planteó dos aspectos que, a su juicio, deben esclarecer las autoridades. El primero es si existió un vínculo entre la contratación y los servicios sexuales denunciados. El segundo, en caso de confirmarse lo anterior, es determinar si hubo alguna forma de explotación sexual o si las mujeres conservaron en todo momento su libertad frente a esos encuentros.
“Estos dos elementos son fundamentales, porque si se llega a comprobar, podríamos estar hablando de situaciones de violencia de género, alimentados por recursos públicos al más alto nivel del Estado, y sería extremadamente grave”, sostuvo.
Pese a la gravedad de los señalamientos, la defensora fue enfática en la necesidad de esperar los resultados de las investigaciones: “No quiero anticiparme. Justamente son las instituciones competentes quienes tienen que actuar con toda la celeridad para no anticiparnos a los resultados. Pero sí tenemos derecho a saber qué fue lo que ocurrió”.
También advirtió que resulta difícil pronunciarse de fondo “sin que las autoridades hayan revisado todos estos documentos de testimonio” que se hicieron públicos en medios de comunicación.
La denuncia de Deicy Jiménez y las 48 mujeres en el Dapre
El caso tomó fuerza el domingo 25 de octubre, con el testimonio de Deicy Jiménez, una joven de 26 años que denunció que el exmandatario habría utilizado contratos estatales para retribuir encuentros íntimos con mujeres y aseguró que ella misma formó parte de esa dinámica. La entrevista fue publicada por la revista Semana. La denunciante afirmó que tuvo contratos durante cinco años en el Senado, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
Días antes, el miércoles 21 de octubre, en la Comisión Segunda del Senado, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, anunció que el Gobierno De la Espriella denunciaría ante la justicia que Petro habría instrumentalizado a 48 mujeres vinculadas al Dapre.
Tras estas revelaciones, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para investigar las denuncias y, dentro de las primeras actuaciones previstas, citará a declarar a Angie Rodríguez y Laura Sarabia, quienes estuvieron al frente del Dapre. Por su parte, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una denuncia contra la excongresista María José Pizarro y el expresidente Gustavo Petro, cuyos hechos se remontan al periodo en el que Petro ejercía como congresista. Además, la Comisión de Acusación recibió denuncias del Instituto Anticorrupción y de la Red de Veedurías Ciudadanas, aunque aún no hay investigación formal contra el expresidente.
La respuesta del expresidente Petro
El exmandatario ha negado los señalamientos. Petro respondió en una carta extensa en la que niega haber pagado alguna vez por un favor sexual y, en un comunicado, aseguró que hay una operación en su contra por parte del actual gobierno de Abelardo de la Espriella.
Comunicado el presidente Gustavo Petro por las denuncias de Deicy Jiménez
Entre tanto, el presidente De la Espriella ordenó al ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino, activar una ruta de protección para la joven que presentó la denuncia.
/blu radio
