El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio al Ministerio del Trabajo un mes para adelantar los estudios sobre los riesgos laborales de las mujeres rurales y campesinas, y tres meses adicionales para reglamentar cómo podrán acceder a la seguridad social sin realizar aportes, luego de confirmar que incumplió la obligación establecida en la reforma laboral de 2025.
La norma establece que el Ministerio debe reconocer los riesgos ocupacionales de las mujeres rurales y campesinas, teniendo en cuenta sus condiciones biológicas y sociales, así como las distintas jornadas que realizan, incluidas las labores de cuidado de familiares, personas enfermas y personas con discapacidad.
El tribunal señaló que, aunque la ley no fijó una fecha límite para expedir la reglamentación, el Ministerio disponía de un plazo razonable de seis meses desde la entrada en vigor de la norma, cuyo periodo venció el 25 de diciembre de 2025.
En la sentencia, los magistrados indicaron que no encontraron pruebas de que la entidad hubiera adelantado actuaciones para reconocer los riesgos laborales de esta población ni para preparar la reglamentación.
El Ministerio se opuso a la demanda y argumentó que la regulación tendría efectos sobre el gasto público, pues la afiliación no contributiva requeriría recursos para su funcionamiento.
Sin embargo, el tribunal rechazó ese argumento al considerar que la orden legal exige reglamentar el mecanismo de afiliación, pero no define cómo se financiarán las cotizaciones ni establece que deban cubrirse con recursos del presupuesto nacional.
En consecuencia, ordenó al Ministerio del Trabajo que adelante los estudios y las gestiones administrativas para identificar y reconocer los riesgos ocupacionales de las mujeres rurales y campesinas.
Una vez venza el plazo inicial de un mes, tendrá tres meses para expedir la reglamentación que establezca cómo accederán al sistema de seguridad social sin realizar aportes contributivos.
/colprensa
