El subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas fueron imputados por el delito de concusión porque presuntamente se aprovecharon de su condición de servidores públicos para exigir dinero a un ciudadano a cambio de suministrarle información reservada sobre una investigación por narcotráfico y un procedimiento de captura con fines de extradición que supuestamente se adelantaban en su contra.
Los hechos ocurrieron entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026. Presuntamente, todo empezó cuando ingresaron a un conjunto residencial ubicado en el sur de Cali (Valle del Cauca), con el pretexto de verificar un caso de maltrato infantil.
Allí presuntamente identificaron a la persona que les interesaba y nueve días después volvieron, lo abordaron y le pidieron el dinero a cambio de los detalles que decían tener sobre los procesos de tráfico de estupefacientes que se seguían.
Ambos uniformados fueron capturados en la estación de policía El Caney. Los dos seguirán vinculados a la investigación por disposición de un juez de control de garantías.
