Congresistas de la comisión sexta lideraron la audiencia pública sobre la crisis del servicio de aseo y la disposición final de residuos sólidos en Santa Marta, durante la jornada realizada en la Universidad Antonio Nariño.
La crisis del servicio público de aseo y la disposición final de residuos sólidos en Santa Marta quedaron nuevamente en el centro del debate público, tras una audiencia liderada por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, realizada en el auditorio de la Universidad Antonio Nariño, donde participaron autoridades, congresistas, concejales, ediles, organizaciones sociales, representantes de comunidades y del sector reciclador, el gobierno y empresas de servicios públicos.
El encuentro concluyó con el compromiso de instalar una mesa técnica de seguimiento a la prestación del servicio, así como promover una comisión accidental en el Congreso de la República para vigilar los compromisos institucionales y las decisiones que se adopten de cara al vencimiento de la actual concesión en manos de la empresa Atesa, previsto para marzo de 2027.
La audiencia permitió recoger quejas, denuncias y propuestas sobre las deficiencias del servicio, la operación del relleno sanitario de Palangana, las afectaciones denunciadas por comunidades vecinas y la necesidad de avanzar hacia un modelo que garantice condiciones adecuadas de recolección, aprovechamiento y disposición final de los residuos.
Durante la jornada también se planteó la posibilidad de emprender acciones de control político y jurídicas, con participación ciudadana, para exigir respuestas frente a una problemática que, según los asistentes, lleva años afectando a la capital del Magdalena.
PREPARAN ACCIONES JURÍDICAS
Uno de los planteamientos más contundentes fue el del representante a la Cámara por el Magdalena, Chadán Rosado Taylor, quien sostuvo que el contrato de concesión debería finalizar de manera inmediata y pidió que se impongan las sanciones pecuniarias que correspondan por los presuntos incumplimientos contractuales.
El congresista anunció, además, que su equipo de trabajo preparará una denuncia penal contra los funcionarios que eventualmente pudieran tener responsabilidad en los hechos, así como contra quienes deban responder por la prestación del servicio, mencionando expresamente a la empresa Atesa.
Rosado Taylor argumentó que Santa Marta necesita superar las dificultades relacionadas con el manejo de las basuras para proteger los derechos de sus habitantes y evitar que esta situación siga afectando su potencial turístico.
REITERAN DENUNCIAS POR AFECTACIONES DE PALANGANA
Las preocupaciones sobre la disposición final de los residuos tuvieron un lugar destacado durante la audiencia, especialmente por las denuncias de habitantes de sectores cercanos al relleno sanitario de Palangana.
Pablo Palma, presidente de la Junta de Acción Comunal de Altos de Bahía Concha, cuestionó el funcionamiento del lugar y aseguró que, pese a haber sido presentado inicialmente como un parque ambiental, las comunidades no perciben beneficios proporcionales a las afectaciones que atribuyen a su operación.
El dirigente comunal manifestó que los habitantes de la antigua comuna cinco llevan más de dos décadas conviviendo con el relleno sanitario y denunció presuntos problemas ambientales, entre ellos la contaminación de fuentes hídricas subterráneas. Estas afirmaciones fueron expuestas durante la audiencia y requieren la correspondiente verificación técnica por parte de las autoridades competentes.
Palma también reclamó que, según su denuncia, las comunidades vecinas no han recibido respuestas suficientes ni las compensaciones que, afirma, estaban contempladas desde el otorgamiento de las licencias ambientales.
El líder expresó preocupación por la cercanía de marzo de 2027, fecha en la que, según lo planteado durante el encuentro, coincidirían el vencimiento del contrato del operador y el agotamiento de la vida útil del relleno sanitario. Advirtió que todavía no conocen una respuesta concreta sobre las alternativas para garantizar la disposición final de los residuos.
Este punto se convirtió en uno de los asuntos centrales de la discusión, pues la definición del futuro del relleno y del esquema de prestación del servicio exige decisiones oportunas para evitar que la ciudad enfrente mayores dificultades en el manejo de sus basuras.
RECICLAJE Y CULTURA CIUDADANA
La audiencia también abrió espacio para analizar el papel de los recicladores y la necesidad de fortalecer la separación de residuos desde los hogares.
Carlos Mario Jaramillo, presidente de la Cooperativa Basura Cero, insistió en que Santa Marta necesita avanzar en cultura ciudadana, implementar y consolidar rutas selectivas de recolección y promover la separación en la fuente para facilitar el aprovechamiento de los materiales reciclables.
El representante del sector explicó que, cuando los residuos aprovechables se mezclan con la basura ordinaria y no existen mecanismos adecuados para recogerlos de manera diferenciada, se dificulta el trabajo de las organizaciones recicladoras y se mantienen prácticas que afectan el manejo de los desechos.
Jaramillo también llamó la atención sobre la situación de quienes recurren al reciclaje informal como fuente de sustento. Señaló que una estrategia integral debe ofrecer mejores condiciones para la recuperación de materiales, en lugar de limitarse a responsabilizar a distintos actores por la crisis.
A su juicio, además de exigir el cumplimiento de las obligaciones de los operadores, es necesario que los ciudadanos adopten hábitos adecuados de disposición de residuos y que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes incumplan las normas.
Más allá de las denuncias y los reclamos presentados, la audiencia dejó planteada la necesidad de definir una hoja de ruta institucional frente al futuro del servicio público de aseo.
Las conclusiones de la audiencia también evidenciaron que la solución no depende exclusivamente de la recolección de basuras. El manejo integral de los residuos comprende la operación del servicio, el mantenimiento, el aprovechamiento de materiales, la educación ciudadana y la disposición final, además de la atención a las comunidades que denuncian afectaciones por la presencia del relleno sanitario.
En términos generales, la ciudadanía exige convertir los compromisos anunciados en decisiones verificables, con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento que permitan responder a las demandas de los samarios y definir una alternativa sostenible para el manejo de los residuos sólidos en la ciudad.
