El magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro solicitó a sus compañeros de Sala mantener la decisión que negó la tutela presentada por la defensa de Santiago Uribe Vélez para intentar reabrir el trámite de casación contra su condena de 28 años y cuatro meses de prisión.
De acuerdo con el argumento expuesto por el togado a través de un escrito fechado el 14 de octubre, «el suscrito manifiesta su anuencia con la decisión controvertida, en atención a que, tal como lo destacó este, el recurso extraordinario de casación ‘no es viable frente a la sentencia que decide la doble conformidad’, aunado a que la acción de tutela es improcedente para instituir recursos no contemplados por el legislador».
La solicitud de Chaverra atiende al trámite de apelación que radicó el abogado Luis Felipe Henao Cardona, el pasado 8 de octubre, contra la sentencia STC19112-2026, del 30 de septiembre, en la que la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural negó la tutela promovida por la defensa de Uribe Vélez.
Chaverra fue el ponente del auto AP3736-2026, mediante el cual la Sala de Casación Penal rechazó el 5 de junio el recurso extraordinario de casación que la defensa había presentado contra la sentencia SP499-2026, del 3 de junio, que confirmó la condena contra el ganadero por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.
La defensa acudió a la tutela al considerar que el rechazo del recurso había vulnerado los derechos fundamentales de Uribe Vélez al debido proceso, la libertad, la igualdad y el acceso a la administración de justicia.
Sin embargo, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural concluyó que la decisión de la Sala Penal no vulneró los derechos fundamentales del condenado y negó el amparo.
Santiago Uribe Vélez fue absuelto el 13 de noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia. No obstante, el Tribunal Superior de Antioquia revocó esa decisión el 25 de noviembre de 2025 y lo condenó a 340 meses de prisión, equivalentes a 28 años y cuatro meses, por concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.
La sentencia también le impuso una multa de 6.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años y la prohibición de tener y portar armas por 54 meses. Además, le negó la posibilidad de acceder a subrogados penales.
