Contraloría oficializa fallo fiscal contra exalcalde Rafael Martínez

El ex alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez (2026 – 2019), deberá responder fiscal y solidariamente ante la Contraloría, por presunta corrupción, en el caso de las obras de urbanismo en los escenarios del Polideportivo, para la realización de los Juegos Bolivarianos entre el 11 y 25 de noviembre de 2.017.

Así lo revela un informe de la Contraloría Delegada Intersectorial de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, que hizo una evaluación y encontró serias irregularidades en la construcción y adecuación de los escenarios deportivos.

Por este motivo, emitió un fallo con responsabilidad fiscal por un valor de 572 millones, 290 mil 776 pesos, que cobija al antiguo Coldeportes y al Distrito de Santa Marta, con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social.

De acuerdo a la información conocida, dentro del mismo proceso fiscal tienen responsabilidades el entonces gerente de Infraestructura del Distrito, Sander Alfonso Rodríguez Peña y la representante legal del Fondo Mixto, Adriana María Giraldo.

Con relación a los hechos que motivan el juicio de responsabilidad fiscal, están las obras deterioradas por un valor de 97 millones, 114 mil 57 pesos, respecto a siembra de zonas verdes perdidas, luminarias y rejillas que faltaban, tapas deterioradas y fisuras en losas y andenes.

HALLAZGOS BAJO INVESTIGACIÓN

El primero corresponde al deterioro de las obras por falta de mantenimiento y deficiencias constructivas, cuantificado en $93,8 millones. Entre las situaciones reportadas se encuentran daños en zonas verdes, luminarias y rejillas faltantes, así como fisuras en losas y andenes.

El segundo hallazgo está relacionado con sobrecostos en los valores unitarios de actividades de obra ejecutadas mediante diferentes contratos. La cuantía indexada establecida para este concepto es de $100,6 millones.

El tercer hallazgo corresponde a los planos récord, documentos que debían formar parte de la entrega final de las obras. Por este concepto, la Contraloría estableció una cuantía indexada de $377,7 millones.

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