La Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre del Gimnasio Campestre Los Laureles, en el municipio de Cajicá, institución en la que estudiaba Valeria Afanador, la niña con una condición especial que desapareció en esa localidad y fue hallada varios días después.
La medida administrativa se suma a las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, en el marco de las cuales ya se realizó la imputación de cargos contra varios directivos y personas vinculadas al colegio.
¿Por qué la familia de Valeria Afanador pide imputar a la rectora del colegio en Cajicá?
La familia de la niña presentó una solicitud expresa para que la Fiscalía avance en la imputación de cargos contra la rectora del plantel. Hasta el momento, los allegados esperan una respuesta de las autoridades competentes frente a esa petición.
Además de la imputación, la familia pidió la práctica de nuevas pruebas dentro del proceso.
La familia de la niña presentó una solicitud expresa para que la Fiscalía avance en la imputación de cargos contra la rectora del plantel. Hasta el momento, los allegados esperan una respuesta de las autoridades competentes frente a esa petición.
Además de la imputación, la familia pidió la práctica de nuevas pruebas dentro del proceso.
En el noticiero de La FM del mediodía, Manuel Afanador, padre de la menor, explicó que la Gobernación expidió en segunda instancia una resolución que confirma la cancelación de la licencia de funcionamiento del colegio y obliga a la institución a presentar un plan de reubicación para sus estudiantes. Precisó que, por ahora, el plantel sigue operando y que sus directivas han indicado que mantendrán sus actividades. Afanador agradeció al gobernador Jorge Emilio Rey y señaló que la decisión incluye la compulsa de copias por la responsabilidad de la rectora y de otros miembros del personal.
Luisa Cárdenas, madre de Valeria, afirmó que la familia no ha vuelto a hablar con la rectora y que toda comunicación se ha realizado a través de los apoderados de ambas partes. Indicó que, además de los dos docentes que ya fueron imputados y tienen audiencia de acusación, la rectora debe ser vinculada al proceso, ya que, como representante legal, sería la principal responsable de la omisión del deber de cuidado, conclusión que también recoge la resolución de la Gobernación. Agregó que, con su abogado, Julián Quintana, han radicado ante la Fiscalía las solicitudes para su imputación.
El padre manifestó su preocupación por la acusación que presentará la Fiscalía, debido a lo que considera falta de pruebas, y señaló que aún no existe una reconstrucción científica de lo ocurrido con su hija, quien desapareció el 12 de agosto de 2025 y fue encontrada sin vida 18 días después, a 220 metros del colegio. Mencionó que hay trámites pendientes en Medicina Legal e hizo un llamado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien negó por escrito el cambio de fiscal que la familia había solicitado por presunta revictimización y negligencia.
¿Qué medidas penales y administrativas se adelantan por el caso del Gimnasio Campestre Los Laureles?
Ante la Fiscalía se radicó una solicitud de imputación de cargos contra la rectora del colegio, Sonia Inés Ochoa, y contra dos profesores más, por su presunta responsabilidad en los hechos relacionados con la muerte de la niña de 10 años.
En una etapa posterior, el ente acusador citó a dos docentes del plantel a rendir declaración juramentada por la desaparición y muerte de la menor. Ambos entregaron su testimonio dentro de la investigación. El cuerpo de Valeria fue hallado el viernes 29 de agosto en el sector de Fagua, en el río Frío, zona rural de Cajicá.
Los familiares de Valeria Afanador reiteraron su solicitud para que los hechos se esclarezcan y para que las autoridades adopten las decisiones correspondientes tanto en el ámbito penal como en el administrativo, este último a cargo de la Gobernación.
/la fm
