La Defensoría del Pueblo advirtió sobre un riesgo alto para la población de Magangué, Bolívar, por la expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, según la Alerta Temprana 024 de 2026 emitida por la entidad
De acuerdo con el documento, la expansión está encabezada por la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, adscrita a la estructura Arístides Manuel Meza Páez, que coordina actividades con otras unidades del grupo armado en municipios vecinos y zonas estratégicas de Bolívar, Sucre y Magdalena.
En ese escenario, la entidad identificó que, entre abril y noviembre de 2025 se registraron 19 homicidios en el municipio, mientras que durante los primeros siete meses de 2026 fueron reportados 23 asesinatos y 11 personas heridas en ataques sicariales.
Además, pudo establecer que se denuncian entre 12 y 15 llamadas extorsivas diarias contra ganaderos, transportadores fluviales y otros sectores productivos, usando como cobradores a integrantes de las juntas de acción comunal (JAC), a quienes el grupo armado presuntamente presiona bajo amenazas de muerte.
El foco de violencia identificado ha afectado directamente y de manera desproporcionada a las comunidades étnicas que, tan solo en Magangué registra 44,599 personas incluidas en el Registro Único de Víctimas, de las cuales 43,955 han sido reconocidas como víctimas de desplazamiento forzado.
Entre los grupos expuestos están 15 consejos comunitarios afrodescendientes y 11 cabildos indígenas de los pueblos Zenú y Malibú.
Según la Defensoría, la presión sobre el territorio ha aumentado dadas las condiciones geográficas, pues el municipio se encuentra en la depresión momposina y conecta, mediante los ríos Magdalena y Cauca y la Ruta 78, con el sur de Bolívar, La Mojana, la isla de Mompox y los Montes de María, cuya posición facilita el tránsito de narcóticos, armas, insumos y otros recursos entre distintas zonas del país.
Ante este panorama, la entidad pidió al Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada, la Policía y los grupos Gaula, el fortalecimiento de los controles territoriales, los patrullajes terrestres y fluviales en la Ruta 78 y los ríos Magdalena y Cauca, así como las acciones contra la extorsión y las redes de microtráfico.
Además, pidió fortalecer las investigaciones para desarticular las finanzas del grupo armado y facilitar que las víctimas denuncien las amenazas y los cobros ilegales.
También, recomendó poner en marcha programas contra el reclutamiento, uso e instrumentalización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con prioridad para la estrategia “Atrapa Sueños” en los corregimientos identificados en la alerta.
Asimismo, solicitó activar rutas de protección individual y colectiva para líderes comunales, víctimas del conflicto, docentes, ambientalistas y autoridades étnicas, incluyendo atención humanitaria para las comunidades afectadas y acciones para fortalecer las capacidades de las organizaciones locales.
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