Por
NANCY PATRICIA GUTIÉRREZ
Como sociedad volvemos a una idea orientadora: el ejercicio de los derechos tiene límites e implica responsabilidades. El Gobierno nos recuerda que el cumplimiento de la Constitución y la ley es obligatorio y que la convivencia exige equilibrios. Ese es el valor colectivo de las regulaciones anunciadas esta semana sobre consulta previa y protesta social.
Desde el Convenio 169 de 1989 de la OIT, Colombia asumió el compromiso de garantizar la consulta previa como mecanismo esencial para proteger los derechos y participación de los pueblos y comunidades étnicas frente a decisiones susceptibles de afectarlos directamente, incluidos proyectos, obras, actividades y medidas administrativas. No obstante el desarrollo normativo y el principio de la buena fe que debe orientar estos procesos, la experiencia acumulada durante más de 35 años hace necesaria una revisión de su mecanismo de funcionamiento. El abuso del derecho, la discrecionalidad en la determinación de la procedencia de la consulta previa y la tercerización del relacionamiento de las empresas con las comunidades propiciaron la intervención de jueces de todos los niveles y un entramado de interpretaciones. En 2018, la Corte Constitucional estableció, mediante sentencia de unificación y precedente constitucional, 16 reglas de derecho sobre consulta previa.
Los sectores económicos y de desarrollo han pedido revisar las reglas de juego. El presidente De La Espriella decidió tomar el toro por los cachos. La directiva presidencial 06 del 14 de octubre de 2026 pone fin al test de proporcionalidad que prolongaba los procesos de consulta previa cuando no se alcanzaban acuerdos con las comunidades.
El Ministerio de Ambiente prepara un decreto para que la consulta previa pueda tramitarse en paralelo con la licencia ambiental, lo que implica ahorrar tiempo antes de iniciar un proyecto.
El Ministerio del Interior expedirá otra norma que modifica la forma en que se determina la procedencia de la consulta. Ya no serán los funcionarios quienes seleccionen las comunidades involucradas por afectación directa. Se aplicarán las normas de procedimiento de lo contencioso administrativo para que las comunidades que consideren que una decisión o proyecto puede afectarlas tengan oportunidad procesal de intervenir. Así se busca evitar la apertura de consultas ‘ex post’, reducir el margen de error y disminuir las acciones judiciales. Lo que parece una carga para las comunidades debe entenderse como una garantía procesal frente a la discrecionalidad de la autoridad.
El mensaje del Gobierno también se dirige a la Corte Constitucional: acata sus históricas exigencias de reglamentación sin quedarse en la discusión del trámite de una ley estatutaria que requiere consulta previa y abre paso a intereses políticos y económicos que la hacen inviable.
Es momento de que el mundo étnico participe en la discusión pública de manera abierta y sincera. Un verdadero diálogo intercultural debe proteger la integridad social, cultural, económica y territorial de las minorías, promover mejores condiciones de vida e identificar sus prioridades de desarrollo dentro de la Constitución y la ley.
La consulta previa es un deber de medio. El relacionamiento social exige debida diligencia. Conocer al interlocutor y entender que se trata de una relación intercultural, no de una actividad logística que puede tercerizarse. Los 45 parques eólicos de La Guajira fracasaron porque no supieron gestionar la consulta. El afán de cumplir un trámite ha llevado a negociar prebendas bajo el nombre de compensaciones, desdibujando su razón de ser.
El gobierno De La Espriella quiere mover el ‘statu quo’ y plantea una nueva relación entre Estado y ciudadanos, bajo el imperio del Estado de derecho. Sus actos serán examinados por la justicia, que deberá valorar la situación actual y la conflictividad derivada de falta de claridad en los procedimientos.
Los derechos se afianzan cuando se reconocen los deberes que los acompañan. De ahí el valor de las reglas claras: todos saben a qué atenerse. Dan tranquilidad a quienes quieren hacer las cosas bien y disuaden a quienes pretenden aprovecharse de la confusión.
*Exministra de Estado
