Por:
RUBÉN
CEBALLOS
MENDOZA*
Estamos como país en uno de esos episodios en los que las categorías políticas parecen y hasta se muestran insuficientes, o al menos es eso lo que se percibe, luego de un cuatrienio a todas luces nefasto cual que más, pero que gracias a la sensatez de nuestra gente dio un giro hacia la decencia, hacia una narrativa de cambio, de transformación, fortaleza institucional y renovación del Estado; no obstante, mientras se termina de instalar este nuevo gobierno, terminamos de conocer las nuevas narrativas y los actores políticos que van y siguen llegando, algunas prácticas sobreviven, como es la disputa por controlar el Estado y la tentación de utilizar el poder público para beneficio personal, lo que no debe ni puede permitirse bajo ningún punto de vista ni circunstancia alguna.
Los escándalos y denuncias de la vida pública nacional sucedidos en la pasada administración y los salidos a flote luego de apenas unas primeras pesquisas investigativas, deberán ser esclarecidos a fondo respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, pero para que ojalá sirvan de espejo paro que todas esas malas prácticas desaparezcan del escenario nacional, a efecto que las crisis no aparezcan como método de conocimiento y nuestra sociedad no muestre aquello que la normalidad esconde u por tanto tengamos que resignarnos a lo malo y peor, relativiza la ineficiencia estatal, el autoritarismo o incluso la corrupción; cuando como señala Max Weber, en contexto de una administración racional-legal moderna, debe buscarse la separación entre la persona que ejerce un cargo y la función pública, entre los intereses particulares y los bienes del Estado; ya que en la dominación patrimonial, por el contrario, esa frontera se difumina y el poder se organiza alrededor de relaciones personales, favores y lealtades.
Nuestra realidad en la presente administración empieza a desaparecer aquello de repartir las instituciones como cuotas de poder, cargos utilizados para recompensar lealtades, nepotismo, clientelismo y redes de influencia, lo que mostraba y podría expresarse en la concreta contradicción de instituciones formalmente modernas conviviendo con prácticas patrimoniales; de ahí que Constitución, leyes, Contraloría, Fiscalía, sistemas de contratación, mecanismos de transparencia y otras instituciones, no sobrevivan el intercambio de favores, el clientelismo y la utilización partidaria de las instituciones cuando lo que necesitamos, además de erradicar la corrupción, uno de nuestros más grandes flagelos, es un Estado que no pueda ser apropiado por quienes circunstancialmente lo administran; por ello el antídoto contra la corrupción es institucional y ético y para ello necesitamos independencia judicial, transparencia, rendición de cuentas, fiscalización efectiva, acceso a la información y profesionalización del servicio público. Instituciones suficientemente fuertes para que la honestidad no dependa únicamente de quien ocupa temporalmente un cargo.
Es estado moderno nos dice Weber, exige separar claramente el poder público del beneficio privado; lo que indica que necesitamos como país proyectos diferentes de sociedad, pluralismo y alternancia, enmarcados en un principio que debería estar por encima de esas diferencias, cual es que el Estado no pertenece a quien gana las elecciones, sino a la ciudadanía y comunidad en general. Los sagrados recursos públicos son de todos, por lo que el verdadero reto de este momento histórico que vive la patria es transitar del Estado como botín al Estado como institución.
*Jurista. Especializado en Derecho Penal. Derecho Laboral.
