Se conoció una nueva denuncia en medio de la ola de cuestionamientos contra del caricaturista y excandidato al Congreso por el Pacto Histórico, Julio Cesar González Quiceno, conocido como ‘Matador’.
Luego de las acciones legales interpuestas por violencia en contra de la primera dama Ana Lucia Pineda, ahora ‘Matador ‘enfrenta nuevas disputas legales tras una denuncia interpuesta por el actual director del Dapre y Comisionado para la paz encargado, Carlos Andrés Ríos.
Este nuevo proceso judicial se da bajo la acusación de varias irregularidades en torno a varios contratos que el polémico caricaturista tuvo durante el gobierno Petro, los cuales no se cumplieron a cabalidad.
“Denuncia penal por presuntas irregularidades en la contratación directa, estructuración, ejecución, supervisión y pagos del Contrato de Prestación de Servicios 1937 de 2024, celebrado por el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 como vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz. Documento complementado con soporte fáctico, normativo y jurisprudencial», señala la denuncia.
Según el documento presentado a la Fiscalía, se acusa a ‘Matador’ por los presuntos delitos de peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
El caso se centra en el contrato firmado entre el caricaturista y el gobierno Petro, cuya finalidad era la de desarrollar una estrategia de pedagogía mediante expresiones gráficas sobre el acuerdo de final de paz. Este se hizo hacia un plazo de doce meses por una cuantía de $257.040.000 (con mensualidades de $21.420.000 incluido IVA), financiado con recursos del presupuesto general.
No obstante, tras una serie de revisiones realizadas por el gobierno actual a los informes de ejecución, se detectaron inconsistencias en los cobros, fechas facturadas y hasta en los soportes presentados del contrato.
Aunque la supervisión del contrato ejercida por la exdirectora de la Unidad de Implementación Gloria Isabel Cuartas dio el visto bueno, se habla de varios hallazgos como duplicación de soportes, fechas distintas a periodos facturados, entre otros.
«En la ejecución, preocupan la sucesión de soportes fechados después de los cortes de cobro, la reiteración de evidencias entre mensualidades y la ausencia de soportes diferenciados para determinadas obligaciones», señala la denuncia
Y agrega que «Estos hechos plantean interrogantes concretos sobre la correspondencia entre el cumplimiento certificado y los desembolsos autorizados. La irregularidad administrativa o el incumplimiento contractual no constituyen por sí solos prueba de un delito, y la Fiscalía deberá establecer la intervención concreta de cada persona”.
Ante esto, el comisionado encargado solicitó a la Fiscalía adelantar inspecciones al contrato de Matador, efectuar cotejos informativos forenses, analizar los soportes presentado y tomar declaraciones a los implicados.
Incluso, no se descartan más irregularidades en otros contratos realizados por el caricaturista con el gobierno del presidente Petro, como fue el caso en RTVC en su labor de asesor de contenidos audiovisuales y creativos, bajo cobros de $16 millones mensuales.
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