Como parte de la sesión técnica convocada por la Corte Constitucional para este martes 13 de octubre en Riohacha, el procurador, Gregorio Eljach, aseguró que desde 2017 el organismo de control ha abierto 125 procesos relacionados con presuntos incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos frente a la sentencia T-302, que ordenó garantizar los derechos fundamentales del pueblo Wayuu en La Guajira.
De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, de esos 125 procesos, 41 tienen apertura formal de investigación y en 25 ya hay funcionarios públicos vinculados. Además, cuatro casos fueron remitidos por competencia y uno está pendiente de apertura.
“Eso va a seguir avanzando, pero no es para meter miedo”, afirmó el Procurador, quien explicó que desde la entidad se seguirá trabajando en establecer posibles responsabilidades disciplinarias de servidores públicos por el incumplimiento de sus deberes.
Añadió que el objetivo es que las autoridades respondan por las obligaciones que asumieron frente a la protección de los derechos de las comunidades indígenas.
Durante su intervención, Eljach también planteó una ruta de trabajo para avanzar en el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional, que nueve años después de emitir la sentencia T-302 de 2017 sigue advirtiendo que persisten las causas estructurales de la crisis humanitaria en La Guajira.
La propuesta de Eljach contempla tres medidas que consisten, en primer lugar, en gestionar la inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo de una partida anticipada de recursos provenientes del impuesto de renta asociado a la explotación de carbón, que podría alcanzar los $300.000 millones anuales durante cinco años.
Como segunda medida, anunció la creación de un grupo especial de trabajo de la Procuraduría para los cuatro municipios cobijados por la sentencia, con sede en Uribia e integrado por profesionales de origen Wayuu, con el fin de articular el trabajo con las autoridades tradicionales de la comunidad.
Frente a esta propuesta en particular, señaló que no se crearán nuevos cargos, sino que se destinará personal de la entidad a esta labor.
La tercera propuesta consiste en transformar la antigua Delegada para la Infancia en una dependencia enfocada en los asuntos de familia, bajo una concepción integral que tenga en cuenta las particularidades culturales de las comunidades indígenas y las distintas formas de organización familiar reconocidas por la jurisprudencia constitucional.
La sesión técnica de la Corte Constitucional se desarrolla en medio del seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en 2017 por la vulneración de los derechos de la niñez Wayuu.
A finales de septiembre, el alto tribunal advirtió que el Plan Estructural de Acción ordenado para coordinar las medidas de cumplimiento todavía no se ha materializado de manera definitiva y que siguen pendientes soluciones estructurales en materia de agua, alimentación, salud y movilidad.
El tribunal convocó la jornada en Riohacha para revisar, entre otros asuntos, la transparencia, la imparcialidad y la coordinación institucional en el cumplimiento del fallo, así como las propuestas existentes para el Plan Estructural de Acción.
