Las autoridades han logrado la recuperación de 9.225 dispositivos.
Las métricas oficiales indican que en el país son sustraídos 199 dispositivos cada 24 horas. Esta proporción equivale a ocho aparatos despojados por hora, lo que representa un equipo hurtado cada siete minutos y dos segundos
El registro del hurto de teléfonos móviles en Colombia presenta cifras sostenidas a lo largo del año. De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco) de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en los 282 días transcurridos del año en curso se han reportado 56.169 celulares hurtados en el territorio nacional.
Las métricas oficiales indican que en el país son sustraídos 199 dispositivos cada 24 horas. Esta proporción equivale a ocho aparatos despojados por hora, lo que representa un equipo hurtado cada siete minutos y dos segundos. Frente a estos reportes, las autoridades han logrado la recuperación de 9.225 aparatos, materializando capturas de responsables mediante investigaciones previas o aprehensiones en flagrancia.
La ejecución de este delito muestra objetivos específicos. Un investigador judicial detalló las características de los equipos buscados: «Los antisociales casi siempre van por los de alta y mediana gama». Esta tendencia delincuencial se explica en la facilidad de reventa de estos terminales y su ágil integración en las redes de comercialización ilegal.
LA «BOX CHINA» Y EL SUBREGISTRO DE LAS VÍCTIMAS
El proceso de comercialización de los equipos hurtados requiere intervenciones técnicas previas. Servicios de inteligencia confirmaron a este diario el uso de la «box china», herramienta tecnológica operada en talleres abiertos al público y locales clandestinos. Mediante el pago de una suma de dinero, los técnicos desbloquean el código de Identificación Internacional de Equipo Móvil (IMEI) y el teléfono queda apto para recibir una nueva red.
El seguimiento de este delito encuentra barreras en el sistema de reportes. Las empresas de telefonía reciben notificaciones de hurto, pero no efectúan una verificación rigurosa sobre las alteraciones del IMEI. Asimismo, agentes de inteligencia indicaron a este medio que el 21 % de las víctimas no notifica el hurto a su operador móvil. Las indagaciones señalan que esta omisión responde a pereza, descuido o evitación de trámites documentales, lo que impide bloquear el dispositivo y facilita su reactivación.
La respuesta judicial ante la receptación presenta resultados particulares. Aunque el Código Penal establece penas para quienes comercialicen o porten elementos robados, fuentes de inteligencia señalaron a esta redacción que, de las 549 personas capturadas el año pasado bajo esta modalidad, el 90 % recuperó la libertad en las 24 horas posteriores a su detención.
MODALIDADES DE EXPORTACIÓN
La operación trasciende las fronteras nacionales. Agencias de seguridad estatal precisaron a este medio la existencia de bandas transnacionales que procesan celulares de gama alta y media como redes estructuradas. Luego de intervenir los sistemas de los equipos con la box china, el objetivo principal de estas organizaciones es exportarlos.
Esta fase del ilícito aprovecha las diferencias en las bases de datos de la región. En varios países de América Latina, los códigos IMEI reportados en Colombia no figuran en registros restrictivos locales. De esta manera, los celulares logran conectarse a las redes móviles extranjeras sin restricciones técnicas de los operadores.
Los investigadores detallaron las rutas establecidas para la exportación de la mercancía, con destinos comprobados como Ecuador, Perú, Venezuela, Argentina y naciones de Centroamérica, llegando a Estados Unidos. La recolección inicia con la delincuencia común mediante cosquilleo, atracos a mano armada o raponazos. Posteriormente, las redes transnacionales los transportan ocultos en equipaje terrestre hacia zonas de frontera, o los envían camuflados en encomiendas internacionales.
OFENSIVA INTERNACIONAL
Ante el componente transfronterizo del fenómeno, las autoridades policiales ejecutan acciones conjuntas. La Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), la Oficina Europea de Policía (EUROPOL) y la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) coordinan operativos para identificar las cadenas logísticas. Un agente consultado por este diario destacó la estructura organizativa de AMERIPOL, entidad que opera en 30 naciones con 37 cuerpos policiales y mantiene su sede principal en la capital colombiana. Este organismo articula inteligencia con autoridades de Colombia, Brasil, Chile, Argentina, México y Estados Unidos, entre otros.
En este marco institucional se desarrollaron operativos de impacto reciente. Mediante 24 allanamientos simultáneos en Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y España, las autoridades capturaron a 17 integrantes de una banda transnacional. Un vocero de seguridad explicó a esta redacción el modus operandi cibernético de los detenidos: «Creaban páginas falsas a través de la red conocida como ‘la nube’ (o Cloud-phishing) en cualquier sitio web para lograr información confidencial, sacarle la clave de su móvil, desbloquearlo y venderlo al mejor comprador».
En el ámbito corporativo, el Estado y el sector privado mantienen acuerdos de cooperación interinstitucional. Fuentes oficiales recordaron a este medio la vigencia de la Declaración de Bogotá, firmada por el MinTIC, el Ministerio de Defensa y la organización Global System for Mobile Communications (GSMA). Según este pacto, todo teléfono de gama media o alta hurtado en Colombia se incluye en la lista negra global de la GSMA, compartiendo el bloqueo con redes internacionales.
CONTROLES A LOS OPERADORES TECNOLÓGICOS
Las organizaciones de análisis social proponen medidas adicionales orientadas a la prevención y regulación.
Carlos Andrés Zapata Cardona, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), expuso: «El celular se volvió el dispositivo de valor que la criminalidad hurta a través de diferentes medios como el cosquilleo, el raponazo y el atraco a mano armada, entre otras modalidades».
Para el presidente de esta institución, existen vulnerabilidades normativas en el registro de usuarios. El directivo argumentó: «En Colombia tenemos muchos problemas porque los equipos y las líneas no tienen plenamente identificados a los propietarios y a los usuarios. Si usted va a otra nación para adquirir una SIM CARD, debe presentar su pasaporte y una dirección, pero en el país se la venden en cualquier esquina e incluso se la regalan y no hay un control tecnológico estricto».
Con base en este diagnóstico sectorial, Zapata Cardona propuso acciones directas por parte de las empresas de telecomunicaciones: «Creo que debe haber un mayor compromiso por parte de las empresas de telefonía celular en el control tanto del uso de aparatos como exigentes medidas para la prevención de delitos cometidos a través de las líneas como la extorsión carcelaria; el Vishing, para robar datos financieros o personales; para falsas ofertas de empleo; el Smishing (Phishing por SMS), envío de mensajes de texto con enlaces maliciosos; suplantación de identidad en WhatsApp, ciberacoso y sextorsión y ciberbullying, entre otros crímenes».
Al finalizar su intervención, el analista planteó la necesidad de implementar reformas de ley: «Las autoridades deben pensar en una legislación más fuerte para que haya un nivel de colaboración más activo de registro y control por parte de las empresas, porque el Estado solo no lo puede hacer». Añadió además una observación sobre la naturaleza del robo: «El problema es dramático porque también se hurta el teléfono de forma violenta y por eso insisto en que debe haber un control tecnológico por parte de las empresas proveedoras del servicio y de las que están elaborando esos equipos», concluyó
